La decisión del gobierno de Rajoy de asumir ese 0,5 adicional de recortes, necesarios para cumplir el objetivo de déficit que él mismo sugirió, es una excelente noticia para la clase autonómica, que de esta forma incumplirá los límites fijados de gasto, como es tradicional, pero con un poco más de margen para que las desviaciones no sean tan groseras como en los dos años anteriores.
Porque a nadie que se haya preocupado de escrutar las finanzas regionales se le escapa que las autonomías no van a cumplir el techo de déficit que les ha marcado el gobierno para el presente ejercicio. A excepción de la comunidad de Madrid, la única que actúa con rigor en el control del gasto excesivo, las comunidades autónomas son máquinas enloquecidas de gastar un dinero público que, para mayor comodidad electoral, es recaudado en gran medida por los órganos fiscales del Estado.
El Consejo de Política Fiscal y Autonómica, órgano encargado de velar por la ortodoxia presupuestaria de las autonomías, va a revisar trimestralmente el estado de las cuentas al objeto de evitar excesos acumulativos que suelen descubrirse cuando ya no tienen remedio, como ocurría durante el último mandato de ZP. Sin embargo, los tres años de penuria financiera les han servido a los políticos autonómicos para perfeccionar los mecanismos del escamoteo presupuestario, de forma que ahora mismo todos ellos son capaces de disfrazar sus extravíos con la utilización de las herramientas más imaginativas de la ingeniería contable.
El último ejemplo lo tenemos en esos 35.000 millones de euros que ayuntamientos y comunidades debían a sus acreedores sin que nadie, salvo los dolientes, se hubiera percatado de su existencia contable. Guardar las facturas en un cajón, cerrando el ejercicio sin realizar los apuntes preceptivos, puede ser una estrategia burda donde las haya, pero a los órganos locales y regionales les ha servido para gastar esos mismos 35.000 millones en otros asuntos para ellos más importantes, que ahora tendremos que pagar como sobreprecio todos los españoles para deleite de la banca partícipe y sus cuentas de resultados.
Los políticos autonómicos son como los malos estudiantes; hay que elevarles el listón de la exigencia para que el resultado final sea decoroso. Si para que aprueban todos el maestro Montoro rebaja el nivel de esfuerzo que espera de ellos, lo natural es que un año más encabecemos el pelotón de los torpes del déficit, que es nuestro desempeño habitual en el informe PISA sin ir más lejos. Como si no tuviéramos suficiente con una LOGSE.