Tenemos un Gobierno de adivinos. Zapatero y sus ministros tienen una inteligencia de tal calibre que el presente es demasiado estrecho para su probado discernimiento, de ahí que en ocasiones sean capaces de vislumbrar los acontecimientos antes de que se produzcan.
Le ocurrió a la ministra de Educación con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la asignatura Educación para el Socialismo (nominalmente "para la Ciudadanía") y le ha vuelto a ocurrir a la vicepresidenta anunciando el recurso de la fiscalía contra el sobreseimiento judicial del proceso contra el presidente valenciano.
La ministra Cabrera, sin necesidad de escudriñar las entrañas de una oca sagrada, supo dos días antes de que se redactara la sentencia que el Tribunal Supremo iba a avalar el proyecto socialista de manipular las mentes de los escolares en función de su agenda política. No resulta extraño, por tanto, que su jefa sepa con antelación cuál va a ser la decisión de un órgano independiente encargado constitucionalmente de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley", así como "velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".
El acierto hubiera sido menos asombroso si El Pollo del Pinar estuviera hoy al frente de la Fiscalía General del Estado, porque su conducta era tan previsible que hacía inútil especular sobre el sentido de sus decisiones, siempre a favor del Gobierno y en contra de la oposición. En el caso de Conde Pumpido, de cuya rabiosa independencia ya hemos tenido suficientes muestras cuando el Gobierno negociaba con la ETA, el hallazgo tiene su mérito.
Aunque Fernández de la Vega no lo dijera por su probada modestia, lo más seguro es que adivinara también que la fiscalía iba a pedir el archivo de las diligencias contra su compañero de gabinete por otorgar una subvención a su querida hija. Total, diez millones de euros del bolsillo de todos los españoles no pueden compararse en importancia con los cuatro famosos trajes de Camps, por la sencilla razón de que en este segundo caso el acusado pertenece al PP y ya se sabe que los poderes públicos deben atender sobre todo a los casos que provocan alarma social(ista).
Si Venezuela contara con una vicepresidenta y un fiscal general como los nuestros no sería necesaria una legislación tan grasienta para prevenir la "alarma social". El secreto, como demuestra el Gobierno de Zapatero, es la telepatía, la clarividencia y la coordinación entre poderes del estado. Sobre todo, mucha, mucha coordinación.