La izquierda se opone a la privatización de servicios públicos sólo cuando el beneficario no es un grupo de progreso, en cuyo caso inmediatamente organiza una marea de protesta (la próxima va a tener que ser bicolor, porque la paleta básica está ya prácticamente agotada). En cambio, cuando las organizaciones pantalla de la izquierda política resultan agraciadas con una concesión administrativa los archimandritas del progresismo no emiten ni un balido, porque, como es bien sabido, los progres luchan por un mundo mejor de manera desinteresada, no para forrarse el riñón a costa del contribuyente, como el empresariado y la derechona.
Hay no obstante algunos servicios privatizados que no sólo no suscitan el enfado jupiterino de los líderes de progreso, sino que son asumidos como una exigencia "democrática" de carácter irrenunciable. Es lo que ocurre con los medios de comunicación, en los que hemos pasado de ver a la izquierda defendiendo el monopolio catódico de TVE a disfrutar de concesiones de frecuencias por supuesto sin concurso público, porque aquí ningún político tiene megahercios para negarle a un empresario progresista una televisión. Actualmente no sólo están muy complacidos con esta apertura de la competencia televisiva a la iniciativa privada, sino que la adornan con la venta de productos a la televisión estatal a cambio de un sobreprecio que sirve muy oportunamente para cuadrar su cuenta de resultados.
Los sindicatos de clase (alta) son las organizaciones más bullangueras cuando el gobierno del PP pretende encargar la prestación de un servicio a empresas especializadas. En cambio, ambos sindicatos mantienen el férreo control de un servicio público privatizado como es la realización de cursos de formación, que sólo este año gestionará cuatro mil millones de euros a compartir con la CEOE a través de la comisión tripartita, denominación al estilo Komintern de lo más apropiado, dicho sea de paso.
"¡Defendamos lo público!", escriben los progresistas en sus pancartas cada vez que se abren posibilidades a la competencia privada en sectores que escapan a su control. Pues el Gobierno debería seguir su consejo estatalizando las televisiones, los cursos formativos a parados y el cine español. Lo estupendo que sería ver a ese tsunami de defensores de lo público berreando por las calles a favor de la privatización.