Aunque haya a quien le cueste creerlo, Magdalena Álvarez es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, profesora universitaria de Economía y miembra del Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado por oposición. En la actualidad es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, puesto sin duda relevante, aunque su salto a la fama tuvo lugar cuando ocupó la cartera de Fomento en el primer Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. Al frente de tan importante ministerio Magdalena Álvarez protagonizó episodios brillantísimos en materia comunicación política, como su adjetivación escatológica del Plan Galicia de inversiones ferroviarias, la gestión del caos aeroportuario a causa de una nevada que a ella le pareció "preciosa" y especialmente su contribución al éxito del canal televisivo en abierto del grupo Prisa, en cuya inauguración actuó como corresponsal en directo de Iñaki Gabilondo, famoso comunicador y aguerrido feminista.
Pues bien, gracias a la juez Mercedes Alaya, ahora sabemos que Magdalena Álvarez fue también la responsable de las finanzas andaluzas bajo cuyo mandato la Junta decidió sustraer de los cauces reglamentarios el trámite de las ayudas a las empresas problemáticas, mecanismo a cuyo amparo ha surgido el escándalo monumental de los ERE, cuantitativamente el más importante de la historia de España –incluidos los 14 años del felipismo–, lo que no está precisamente al alcance de meros aficionados.
El auto de la jueza explica el operativo clásico de los socialistas para mangonear el presupuesto público, consistente en establecer un régimen administrativamente opaco para la gestión de ciertas partidas que de esta forma se convierten en lo que se conoce como fondos de reptiles. En este caso concreto, lo que deberían haber sido unas subvenciones a entidades privadas, sometidas a los requisitos legales de publicidad y libre concurrencia, se gestionaron como transferencias de financiación, fórmula reservada exclusivamente para los trasvases de fondos entre organismos públicos que, por su propia naturaleza, quedan fuera del alcance fiscalizador de los órganos interventores. Gracias a esa decisión política, adoptada según el auto cuando Álvarez era la responsable de Economía, los herpetólogos de la Junta de Andalucía han estado manejando centenares de millones de euros de procedencia reptiliana con el resultado ya conocido de un desfalco sin precedentes.
El auto de la jueza Alaya es demoledor porque implica la existencia de una maquinación para pervertir el uso de esos fondos, de tal forma que aunque el dinero se hubiera aplicado correctamente estaríamos ante un caso evidente de malversación de caudales públicos. Como, además, resulta que una parte muy importante de ese dinero ha sido empleado de forma ilegal, el panorama que se presenta a los nuevos imputados es cualquier cosa menos tranquilizador. Si Magdalena y sus subordinados aducen ignorancia, malo, y si tratan de echarse las culpas unos a otros, todavía peor (aunque mucho más divertido). Y eso contando con que Maleni no le suelte un exabrupto choni a la jueza cuando comparezca ante ella junto a su abogado, que también podría ocurrir. ¡A ella le van a explicar ahora lo que es un ERE de m...!