El presidente de la Comunidad de Madrid se ha empeñado en bajar los impuestos sin el menor respeto a las directrices nacionales, en un gesto que no sólo ha dejado en evidencia al Gobierno de Rajoy sino a las autonomías más derrochadoras y con la clase política más trincona, dos características que suelen ir de la mano. Montoro todavía no se ha pronunciado acerca de este gesto de rebeldía de Ignacio González. Debe de estar pensando en qué castigo imponerle por su actitud levantisca, que, además, ha molestado a los nacionalistas catalanes, algo que en la España actual resulta intolerable.
En CiU ya han calificado esta decisión del presidente madrileño como "un mazazo a Cataluña" y una prueba más de la injusticia de la financiación autonómica. En esto último tienen toda la razón los nacionalistas catalanes, pero olvidan que ese desequilibrio presupuestario opera a su favor, pequeño detalle que a ningún español fuera de allí le pasa inadvertido. Pero lo más sorprendente de esta nueva melopea lacrimógena es que tiene como origen no una entrega adicional de fondos públicos, como las muchas que anualmente trinca el Gobierno regional catalán, sino la decisión de la comunidad madrileña de bajar el tramo autonómico de algunos impuestos estatales.
El Ejecutivo madrileño ha llegado a la conclusión de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, sano principio que tendría que ser observado en toda España, país donde montar cualquier negocio encuentra tantas trabas como instalar una fábrica de banderas israelíes en la Franja de Gaza. Hay que intervenir a la Comunidad de Madrid antes de que el ejemplo se extienda. No por parte del Gobierno central en cumplimiento de los preceptos recogidos en la ley de equilibrio presupuestario, puesto que Madrid es una de las pocas autonomías que los cumple a rajatabla, sino directamente por la Generalidad de Cataluña, eterna agraviada y verdadero poder fáctico también en materia económica.