En la política española nadie parece responsabilizarse de aquello que firma. Por más que la rúbrica personal aparezca al pie de documentos comprometedores, todo se zanja con un "eso fue cosa de fulanito", como si el hecho de validar un negocio jurídico o administrativo con la firma del titular del organismo fuera un simple detalle sin importancia. Hombre, no. Los responsables de cada departamento administrativo son responsables de los documentos oficiales que se expiden con su firma, y si no los han leído antes la responsabilidad entonces es mayor.
Los pretextos para eludir las exigencias del cargo cuando se descubren operaciones tan dudosas como las ideadas por Urmangarín, como le llaman ya los oyentes de esRadio, suelen ser bastante atolondradas, pero el exministrable González Pons ha batido la plusmarca nacional con sus argumentos para desligarse del trinque efectuado supuestamente por el chiringuito "sin fin de lucro" del yerno de Su Majestad.
El simpático portavoz del PP asegura que todo fue idea de Paco Camps y que él, en tanto que consejero de Presidencia, se limitó a cumplir el acuerdo adoptado en otras instancias, comprometiendo nada menos que cinco millones de euros para unos estrambóticos juegos olímpicos europeos que finalmente no se celebraron, señal de que en el mundo del deporte todavía quedan reductos de sensatez.
El argumento autoexculpatorio tendría alguna base si D. Esteban hubiera sido en esas fechas un simple funcionario encargado de diligenciar documentos públicos, pero la realidad es que era un cargo político, miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Valenciana, con suficiente capacidad para decidir en asuntos de su competencia, como lo fue el carísimo intento de organizar unas olimpiadas europeas a la levantina.
González Pons fue el encargado de crear una empresa pública vinculada a la generalidad valenciana para promocionar la imagen de la comunidad autónoma en el extranjero y, como representante de la misma, fue quien suscribió el citado convenio con el ubicuo Instituto Nóos.
Pudo haberse negado, pudo haber decidido que semejante cantidad de dinero, como exige la legislación de contratos del estado, se diligenciara a través de un concurso público abierto a la libre concurrencia, pudo haber preservado el interés de los valencianos estableciendo una cláusula de salvaguarda para no entregar ni un euro hasta que no se alcanzaran los objetivos previstos, y pudo, en fin, dimitir de su cargo en caso de que sus recomendaciones no hubieran sido aceptadas por Camps, que según González Pons fue el artífice de todo este asunto.
Pudo hacer todas esas cosas, pero prefirió estampar su firma en los documentos. Ahora le toca asumir las consecuencias. Y la verdad es que es una pena. ¡Con lo bien que hubiera dado D. Esteban en televisión informando los viernes desde La Moncloa de los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros!