Una de las primeras medidas que Rajoy quiere poner en marcha desde el Gobierno es reconducir el despropósito autonómico en términos financieros. A tal fin se ha propuesto, siempre de acuerdo con los presidentes regionales, casi todos de su partido, eliminar "duplicidades y triplicidades" administrativas, en la confianza de que así podremos acabar algún día con una crisis que nuestro estado autonómico ha contribuido a agravar de manera decisiva.
Pero el problema central no reside en esos dobles o triples solapamientos de competencias, que los hay, claro, sino en el hecho de que unas entidades ficticias, llamadas autonomías, consumen unos recursos que España ya no genera para gestionar asuntos que podrían estar perfectamente bajo el cuidado del Gobierno central y los Ayuntamientos.
Las Comunidades Autónomas no nacieron para dar respuesta a las exigencias de una administración pública moderna, sino para pagar el inútil peaje que los muñidores de la Transición entregaron en nuestro nombre a los nacionalismos periféricos con el éxito por todos conocido. Las autonomías, de hecho, sólo ejercen las competencias que les ha delegado el Gobierno central y las que se han encargado ellas mismas de confiscar a las corporaciones locales, sin que haya ni una sola necesidad ciudadana que no pueda ser gestionada perfectamente por los Ayuntamientos o el Gobierno de España a través de la oportuna descentralización administrativa previa al año 78.
El desastre provocado a todos los españoles por el actual fraccionamiento de los sistemas educativo y sanitario es buena prueba de lo pernicioso de unas Comunidades Autónomas, cuya clase política sólo puede justificar su existencia fabricando agravios ficticios con el resto de regiones españolas, más virulentos cuanto más cercanas están en el mapa.
Pero es que, además, el razonamiento del equipo de Rajoy para crear su famosa Comisión de Estudios Autonómicos al objeto de poner algo de orden en las cuentas regionales, se invalida a sí mismo a poco que se reflexione al respecto. Se nos dice que es malo que haya dos o tres administraciones entendiendo del mismo asunto, pero al mismo tiempo se defiende el disparate mayúsculo de que existan, no dos ni tres, sino diecisiete administraciones públicas gestionando asuntos comunes como la educación y la sanidad, que precisamente deberían ser competencia del Gobierno central para preservar el imperativo constitucional de la igualdad de todos los españoles.
¿Cómo se entiende esto? Pues naturalmente por la necesidad de mantener en su puesto a los varios miles de altos cargos que la casta mantiene en los mandarinatos territoriales. Esa, y no otra, es la clave de la septuodecuplicidad o diecisietecidad, que diría un político. Que no nos vengan con cuentos.