Hasta hoy sabíamos que la culpa de la recesión económica era de Franco, Aznar y Bush, no necesariamente por ese orden, pero los liberados sindicales madrileños acaban de sacarnos del error. Los problemas económicos que sufren las empresas, los más de cuatro millones de parados y los expedientes de regulación de empleo que brotan a diario en España como champiñones en un estercolero, son estricta responsabilidad de Doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma.
Zapatero no sólo no tiene nada que ver con esta crisis, sino que es precisamente el personaje providencial que está impidiendo el recorte de derechos sociales que la derecha busca haciendo honor a su tradición antiproletaria, de ahí que las algaradas, los apedreos y el lanzamiento de petardos sólo tengan como objeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En Andalucía, que ostenta la plusmarca mundial en porcentaje de desempleados, los sindicatos no han convocado manifestación alguna. En Madrid sí, y como en la lucha por el socialismo todo sacrifico es insuficiente, los profesionales del sindicalismo han "elevado el listón de la crítica", que diría Anson (sin tilde, al modo británico) y han decidido boicotear una sesión parlamentaria entre el aplauso, como no, de los diputados socialistas y comunistas, siempre dispuestos a defender la libertad de expresión de los oprimidos, incluido el lanzamiento de petardos y adoquines, que es una forma como cualquier otra de dialogar democráticamente.
En el diario del grupo PRISA, emporio ideológico-empresarial cuya extraordinaria salud financiera hace que sus trabajadores estén la mar de contentos, afirman que las algaradas en la Asamblea de Madrid son un estallido social. Habrá que ver cómo califican a sus trabajadores cuando la brillante gestión de Cebrián los ponga en la puta calle y se produzca otro "estallido social" a las puertas de la sede del grupo. Seguramente a eso se le llamará entonces un "ataque intolerable contra la libertad de expresión".
La "asimetría reivindicativa" de los sindicatos nace de una confusión primordial que considera el trabajo no el primero de los derechos sociales, sino un castigo divino que conviene eludir el mayor tiempo posible. En función de esa deformación de la realidad, los sindicatos denominados "de clase" no van a denunciar al que destruye esa maldición bíblica a velocidad de escape terrestre, sino a hacer política, que es en última instancia el objetivo para el que fueron creados. Si además el Gobierno duplica el importe que entrega anualmente a fondo perdido a los dos grandes emporios sindicales, la defensa de Zapatero y el acoso a sus rivales políticos es ya una cuestión empresarial. Como decía el protagonista de El Padrino, "son sólo negocios".