La presidenta andaluza llegó al poder de la manera que todos sabemos. Su designación por Pepe Griñán, huido al Senado en busca de aforamiento por lo que pueda pasar con los ERE, fue escasamente democrática según los cánones del progresismo cuando se pone a pontificar; pero es que, para desgracia de la izquierda española, de las seis mujeres que han alcanzado la presidencia de una comunidad autónoma, las únicas que lo han hecho tras ganar unas elecciones han sido, válgame Dios, del Partido Popular (Rudi, Aguirre y Cospedal) o de su socio navarro, UPN (Barcina). Las dos mujeres del partido feminista por antonomasia (María Antonia Martínez y Susana Díaz) se convirtieron en presidentas por el quinto turno, seleccionadas a toda prisa por sus predecesores varones, grandes machistas, en medio de graves escándalos de corrupción.
Precisamente Susana Díaz aterrizó en la presidencia de la Junta con el compromiso de luchar contra la corrupción política de manera "implacable", ejerciendo "la máxima transparencia" en este asunto. Lo sorprendente es que la autora de un mensaje tan tajante contra la principal lacra que asuela Andalucía no era una recién llegada al frente de un partido que acababa de ganar las elecciones, sino la sucesora formal de aquellos bajo cuyo mandato se habían producido los mayores latrocinios de la historia de España, y de cuyos gobiernos había formado parte hasta su ascenso meteórico a la cumbre del poder regional. Ahora bien, a Susana Díaz le cabe el honor de haber hecho creer a la mayoría de la opinión pública que la corrupción es un factor exógeno en el que su partido no tiene ninguna responsabilidad, a pesar de llevar 32 años gobernando Andalucía. Del saqueo de los fondos del presupuesto que gestionaba en exclusiva y de los más de ciento cincuenta socialistas y miembros del sindicato hermano imputados por la Justicia, cifra que no deja de crecer, el PSOE no tiene nada que decir. Normal que la prensa progre la jalee como una gran mujer de Estado y en su partido se haya convertido en un referente con grandes posibilidades de dar el salto a la política nacional.
Pero aún más sorprendente es la manera en que la oposición y la opinión publicada han aceptado las medidas de Susana Díaz, adoptadas al socaire de los escandalazos protagonizados por su Gobierno, como un ejemplo virtuoso de lucha contra la corrupción. La presidenta andaluza ha contratado a sesenta becarios para revisar los expedientes de concesión de subvenciones en materia de fomento del empleo de los últimos años y, seguramente con total sinceridad, ha asegurado que es un gesto inédito en cualquier otra administración. Naturalmente que sí; pero eso es porque todos los órganos administrativos tienen la obligación de requerir a los beneficiarios de subvenciones los documentos que justifican el destino de hasta el último euro que sale de las arcas públicas cada año, no al cabo de una década y sólo tras comprobarse que el presupuesto autonómico ha sido meticulosamente saqueado como ha ocurrido con el de la Junta de Andalucía.
Tal y como demuestra el último informe de la Cámara de Cuentas, los socialistas andaluces han repartido el dinero público a sus organizaciones amigas con total discrecionalidad, han evitado pedirles cuentas de en qué lo han utilizado y, de paso, han sentado las bases para que una legión de sinvergüenzas se haya enriquecido a costa del sufrimiento de los parados, cuya proporción en Andalucía bate todas las plusmarcas conocidas en el mundo desarrollado. Susana Díaz no va a cambiar nada, como estamos viendo en sus medidas ficticias contra la corrupción fomentada por el partido al que le debe el puesto. Lo que sí va a hacer, con seguridad, es ganar las próximas elecciones. El objetivo real de los socialistas, al que el PP de Moreno Bonilla parece más que dispuesto a contribuir en la medida de sus posibilidades, como estamos viendo.