El debate de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno nos ha permitido comprobar, nuevamente, la forma en que los diputados de las Cortes españolas interpretan su función representativa de la soberanía nacional.
Por mandato constitucional, los diputados electos representan al pueblo español en su conjunto, de tal forma que un diputado de Murcia representa a los electores de Lugo exactamente igual que uno de Lérida a los ciudadanos cacereños. Siendo esto así, el hecho de que unos diputados renuncien a ejercer esa función representativa del interés general supone la perversión automática de sus obligaciones constitucionales, especialmente si lo hacen a través de un grupo parlamentario para defender únicamente los intereses del terruño.
Pero como nuestra democracia es muy rara y nuestro parlamento un cenáculo extravagante de instalados en el presupuesto, lo normal en los debates de investidura es ver desfilar por la tribuna de oradores a la habitual procesión de damnificados históricos exigiendo una compensación pecuniaria por los agravios ancestrales que su región, de la que se consideran representantes en exclusiva, ha sufrido desde la noche de los tiempos por culpa del centralismo de una nación escasamente plural.
Los cofrades de esta Santa Hermandad del Trinque Territorial desfilan siempre encabezados por Durán y Lérida, cabo de andas que por la mayor representación de su grupo abre el fuego cada cuatro años preparando el terreno a las congregaciones más menesterosas.
En esta ocasión, alcanzados los objetivos estatutarios y agotadas las existencias de cash a golpe de embajadas, empresas públicas, televisiones regionales y bilingüismo obligatorio, Durán y Lérida se propone igualarse a sus colegas vascos y navarros, usufructuarios del trinque decimonónico de unos fueros cuyo anacronismo no tiene parangón. Los convergentes quieren un cupo, aunque para diferenciarse de los vascos prefieran llamarlo "pacto fiscal". En esencia todo se reduce a seguir parasitando el esfuerzo ajeno pero en mucha mayor medida, dado que la necesidad imperiosa de fondos públicos de la Generalidad catalana no admite más demora.
Rajoy se defiende diciendo que se limitará a cumplir la ley, argumento que los nacionalistas, acostumbrados a vulnerar cualquier precepto que los incomode, no aceptan como válido. Si se ha dado por bueno un estatuto abiertamente inconstitucional, ¿por qué no avanzar en el despropósito acordando un cupo fiscal para Cataluña como pide Durán y Lérida? Desde luego no será porque en el Constitucional falten magistrados capaces de validar con su voto semejante tropelía.