Que las primeras palabras del nuevo rey sean para jurar su respeto a "los derechos de las comunidades autónomas" (sic) da una idea de la manera en que la clase política ha convertido mutatis mutandis un determinado esquema territorial perfectamente reversible en elemento constitutivo de la nación política española. Los autores de la Constitución, que no daban puntada sin hilo, introdujeron en el artículo 61, que regula la fórmula del juramento del monarca, esta apelación a los derechos de las autonomías, a pesar de que sabían perfectamente que no están reconocidos en ninguna parte del texto constitucional. Son los ciudadanos los que tienen derechos y no las administraciones públicas, más allá de la facultad de reclamar su interés legítimo sobre cuestiones jurídico-administrativas en el ámbito judicial de lo contencioso. Obligar al Rey a jurar esos supuestos derechos para apuntalar la inmunidad del engendro autonómico es, por tanto, una fechoría que no podía pasar inadvertida a los que estamos hartos de los excesos de la clase política autonómica, bastante más onerosa y dañina que la nacional.
Lo único que tienen las comunidades autónomas son competencias, cuyo ejercicio, además, es transferido por el Estado, bien a través de las leyes orgánicas con que las Cortes Generales sancionan los estatutos de autonomía y sus modificaciones posteriores, bien mediante las transferencias puntuales que los distintos Gobiernos han llevado a cabo para contentar a los nacionalistas, con el éxito por todos conocido. El rey Felipe no se ha sustraído en su primer discurso a esta flaqueza hacia los mandarinatos periféricos, con sus referencias a la unidad dentro de la diversidad, la riqueza cultural de los pueblos, el acomodo constitucional de todo tipo de "sensibilidades" y demás fórmulas canónicas habituales en los discurso públicos de la España autonómica. Para acentuar su voluntad integradora en lo cultural, el nuevo monarca trajo a colación como argumento de autoridad a Espriú, Aresti, Castelao y Antonio Machado, referentes literarios de los nacionalismos catalán, vasco y gallego los tres primeros, y el último en representación de la cuota andaluza, y por extensión española, cuya existencia decía desconocer el coñón de Borges, porque, con su mala leche rioplatense y su humor británico, él sólo sabía de un Machado: Manuel. El papelón de Urkullu y Mas en las Cortes, evitando aplaudir a su rey como dos niños malcriados, es sólo una pequeña muestra de la manera en que los separatistas agradecen estos elogios habituales y la imposibilidad manifiesta de conseguir que algún día se comporten con dignidad.
A pesar de esas carencias puntuales, es justo reconocer que el discurso de nuestro rey ha sido espléndido en todo aquello que de verdad compete al monarca en el ejercicio de su alta responsabilidad. No de otra manera cabe valorar la mención expresa a las exigencias de honestidad, ejemplaridad y transparencia que conlleva el trono y a la necesidad de que los poderes del Estado, empezando por la Corona, respeten la independencia de la Justicia, especialmente en aquellos asuntos que puedan afectar a sus titulares, aunque sea de forma tangencial. Lo bueno para los españoles es que lo de hoy no han sido palabras vacías, sino el fiel reflejo de la conducta que el hoy rey de España y su esposa han venido poniendo de manifiesto a lo largo de toda su vida en común. Una golondrina no hace verano ni un discurso reinado, pero con Felipe VI y Leticia las perspectivas de futuro difícilmente podrían ser mejores.