Parece que no hay gran entusiasmo en las policías locales de Cataluña por el cumplimiento de las instrucciones fiscales y órdenes judiciales para impedir la organización y celebración del referéndum del 1 de octubre. De ahí que cobre un excepcional relieve que los agentes de la Guardia Urbana de Vich hayan requisado la propaganda que la CUP exhibía este fin de semana en varias mesas instaladas en las calles de la citada la localidad. La alcaldesa convergente, Anna Erra, que gobierna con el apoyo del PSC, está que se sube por las paredes del Twitter y promete que intentará eximir a los policías del cumplimiento de la orden para que se dediquen a poner multas y ver pasar a los ciclistas por las aceras en vez de a velar por la ley en general.
Los agentes que se encargaron de cumplir las diligencias ampliadas del fiscal Maza fueron abucheados e insultados por la alegre muchachada de la CUP, que no pudo impedir, empero, la incautación de los panfletos. No actuaban los guardias de oficio sino por la denuncia de un ciudadano y procedieron con absoluta profesionalidad a requisar el material impreso e ignorar prudentemente el supuesto penal implícito en llamar "fill de puta" a un agente de la autoridad. Habrá que ver, Dios mediante, si a esos policías les dejan en paz y en su sitio o son sancionados y degradados. En una situación normal, deberían contar con el respaldo de la alcaldesa, que no es el caso, y con la absoluta seguridad de que el Estado acudirá a su rescate en caso necesario, que tampoco está claro.
En Barcelona pasó algo parecido este domingo. Una patrulla de la Guardia Urbana tomó los datos del secretario de Inmigración de la Generalidad, el republicano Oriol Amorós, en un mitin callejero con treinta personas. Según el gallardo antecitado, aquello no era un acto de campaña del referéndum sino un encuentro casual para hablar del futuro del país. A diferencia de la alcaldesa Erra, la alcaldesa Colau no ha tuiteado al respecto, si bien ya ha quedado claro que la excelentísima de la capital catalana también está por el referéndum y el derecho a decidir. Con lo de que Colau no apoyaría el referéndum ha pasado lo mismo que con lo del suflé que ya bajaría. No se tienen noticias, de momento, de intervenciones semejantes en Berga, Sabadell, Badalona, Gerona, Santa Coloma, Hospitalet o Sardañola, por citar ciudades cuyos alcaldes y alcaldesas presentan opiniones encontradas sobre el referéndum.
Tampoco hay muchas noticias sobre los Mossos. Sólo una. En un registro de la Guardia Civil en una imprenta fueron requeridos para separar a los manifestantes de la CUP de los agentes del Instituto Armado que practicaban la encomienda por mandato judicial. Sin embargo, no han tenido nada que ver en la entrega de una requisitoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a los medios de comunicación que habían insertado propaganda de la Generalidad sobre el 1-O y en la que se les informaba de las disposiciones cautelares del Constitucional sobre la consulta. La juez Mercedes Armas, de refuerzo en el TSJC ante la avalancha de trabajo para unos magistrados que en muchos casos no son jueces por aquello de la designación parlamentaria, decidió encargar las tareas de mensajería a la Guardia Civil en lugar de requerir a los Mozos del major Trapero.
Armas, que es más que Maza, tiene la última palabra en todo lo relativo a las denuncias contra el presidente de la Generalidad, los consejeros autonómicos y los miembros separatistas de la Mesa del Parlament, y es en el grueso de ese expediente que se produjo el aviso a los medios de comunicación de la república catalana para que se abstuvieran de difundir más anuncios referendarios.
La Policía Nacional también ha sido requerida en la materia separatista. Sucedió en Tarragona. Un destacamento entero presenció cómo un grupo de activistas de la Asamblea Nacional Catalana pegaba carteles separatistas. Tenían órdenes de estar pero no actuar, de modo que se tuvieron que comer las burletas de los pensionistas por la independencia con el apresto de los guardias reales británicos de las postales de Londres.
La consigna nacionalista es no responder a las provocaciones del Estado policial, de modo que las actividades de los agentes bajo mandato judicial sólo topan con grupos de ciudadanos que sólo increpan e insultan a los agentes, agitan claveles y les enseñan la hucha. Esto es que intentan provocar una reacción desafortunada que encienda la mecha. Contra cierta opinión, el separatismo todavía no busca un muerto, aunque no rechazaría un finado. Por ahora les vale con un hospitalizado, aunque sea por ciberataque de ansiedad.
La Guardia Civil, la Policía Nacional y la dirección de las guardias urbanas de Vich y Barcelona son, de momento, la expresión directa del sistema constitucional en Cataluña. Sobre ellos recae todo el peso del cumplimiento de la ley. Nada que objetar sino todo lo contrario a su profesionalidad y temple. Sin embargo, no estaría de más que se requiriese una mayor implicación de los Mozos de Escuadra, toda vez que son la "policía integral" de Cataluña, competente en la totalidad de los aspectos de la seguridad ciudadana en el territori, como ha quedado palmario en la retórica nacionalista sobre los atentados de Barcelona y Cambrils.
Los guardias civiles que tuvieron que entregar en los medios del separatismo la nota de la juez Armas no llevaban el tricornio en ristre. Esa clase de recados judiciales se hacen de paisano, ya sean mozos, picoletos o maderos los encomendados. Es tendencia considerar que la actuación del Estado está siendo un punto desproporcionada, inepta y poco hábil en términos de imagen. Es cierto. Para llamar al timbre en horario de oficina y entregar una papela no se necesita un cuerpo de élite como la Benemérita. Bastaba con los mismos funcionarios del TSJC que se personan en el Parlament o en la Generalitat, tapándose por si acaso la cara con carpetas ante los medios, para entregar las notificaciones judiciales. También se podría haber recurrido a los Mozos, pero es obvio que en ese caso los medios afectados no podrían haber fardado de una visita de la Guardia Civil. Lo mismo es que están reservando a los hombres de Trapero para el 1-O porque de lo contrario cabrían inferencias muy perjudiciales para los guardias de Vich y Barcelona que osaron no omitir la persecución de un delito.
A efectos prácticos no acaba de cuadrar que decenas de picoletos y unos cuantos pitufos sean los encargados de parar el referéndum cuando la policía autonómica dispone de 17.000 efectivos distribuidos por toda Cataluña.