La Cataluña política es una fuente inagotable de noticias ridículas, delirantes, groseras y estupefacientes. Ahora mismo debe de haber pocos lugares en el mundo donde la cosa pública presente perfiles tan absurdos y chocantes como Barcelona y alrededores. Podrá objetarse que la corrupción también es un signo del poder autonómico andaluz, de naturaleza clientelar y caciquil, pero, a diferencia del caso catalán, el resto de lo que queda de la política en Andalucía, que es más bien poco, no está relacionado con un plan golpista para separar Cataluña de España llamado "proceso" y que contempla dos escenarios: un referéndum ilegal o una declaración unilateral de independencia tras unas elecciones autonómicas.
Ese detalle, el golpe de Estado, concede más gravedad al asunto catalán que al saqueo generalizado por parte del socialsindicalismo andaluz de los fondos públicos, ya fuera para comprar cocaína o para pensionar a la suegra a través de un decreto de la cuñada. Sí, en Andalucía se roba, pero no en nombre de la patria, que es otra de las grandes diferencias entre el patio de Sevilla y el oasis catalán. Se invoca al pueblo, pero no para alzarlo en contra de sus vecinos sino de los pocos señoritos que vayan quedando. Es inmoral, pero menos que el escándalo catalán.
En Cataluña se robaba y se sigue robando con la excusa de construir un Estado, lo que pasa inevitablemente por vulnerar todas las leyes, cargarse la convivencia, enfrentar a la sociedad y acometer la fase final de la purga que iniciara allá por 1980 el ínclito Jordi Pujol: catalanizar a la población y destruir todas las conexiones lingüísticas, culturales e históricas entre Cataluña y España. No está claro qué iba primero, si lo de construir Cataluña o lo de hacerse un hueco en la lista de Forbes, pero a Pujol no se le puede negar que ha tenido éxito en ambas cosas.
En lo primero, porque en la Cataluña por él construida es normal pasarse las sentencias por el forro y tomarse las leyes a chufla, que es lo que acaba de hacer Oriol Junqueras, de ERC, al pedir a Artur Mas que convoque la consulta diga lo que diga el Tribunal Constitucional. Junqueras, que será el próximo presidente de la Generalidad, ya no necesita disimular que respeta las leyes, como hacía Pujol mientras su familia (a sus espaldas, le defienden los camisas viejas del pujolismo) se dedicaba a los negocios en su nombre y en el de Cataluña. Unos meses más y en una Cataluña independiente, que es a lo que iba Pujol, y échale un galgo al colega.
En lo segundo, lo de ser carne de Forbes, Pujol también ha triunfado en la vida, aunque ahora tenga que disimular y hacerse el contrito. Una parte de la fortuna de los Pujol-Ferrusola, sospecha la UDEF, podría estar relacionada con la actividad administrativa de la Generalidad cuando el patriarca era president. Sólo con los indicios policiales, el Estado debería auditar las cuentas de la Generalidad. No sólo se encontraría con inauditas conexiones entre los patrimonios privados y las adjudicaciones públicas en las más de dos décadas que gobernó Pujol. Sólo con comprobar cuánto dinero del Fondo de Liquidez Autonómica se destina a montar shows separatistas y cuántas camas hospitalarias se han perdido en los últimos dos años habría material suficiente para inhabilitar a Mas, a todos sus consejeros y a más de la mitad de los altos cargos de una Administración en bancarrota para todo menos para engrasar el separatismo y el discurso del odio a España.