No es previsible que en un súbito ataque de decencia, cordura y dignidad los líderes del proceso separatista suspendan sus planes de organizar, convocar y celebrar lo que llaman referéndum y no es más que la culminación de un golpe de Estado en toda regla. Cuando los guionistas del denominado procés se refieren a un referéndum o consulta hablan en realidad de la consumación de un enorme pucherazo en un contexto totalitario, de modo que eso que pretenden celebrar es ajeno por completo al más liviano conato de democracia.
Un amplio informe presentado este miércoles por Sociedad Civil Catalana describe con profusión de ejemplos, categorías y detalles el adoctrinamiento nacionalista en las escuelas, la difusión del odio a España en los colegios y en los medios de comunicación controlados por la Generalidad, el delictivo hostigamiento a las familias que solicitan una educación bilingüe, el acoso administrativo, la anulación sociolaboral de los discrepantes y la ocultación mediática de la disidencia.
Se censuran los hechos, datos y circunstancias que descuadran el discurso nacionalista, se ridiculizan y marginan las opiniones diferentes, se anulan y machacan las objeciones al modelo lingüístico, al sistema educativo y al sesgo informativo. Debido al nacionalismo y a la pasividad de los partidos nacionales, Cataluña es un agujero negro de la democracia donde el imperio de la ley se ha sustituido por un autoritarismo nacionalista avalado además por una izquierda que del PSOE a la CUP -resultado esférico del engendro educativo implantado por el pujolismo- ha asumido los códigos totalitarios del catalanismo, la infundada y perversa teoría de que el nacionalismo es perfectamente democrático y los catalanes, un pueblo escogido.
Que los impulsores del procés no contemplen la hipótesis de una derrota electoral del separatismo debería poner sobre aviso a quienes sostienen los lirios del derecho a decidir, de la fragmentación de la soberanía popular, de la vulneración de la ley y de que Oriol Junqueras, el tapado, no es un talibán como Mas o Puigdemont, sino alguien con quien pactar un par de décadas de estabilidad y mamoneo.
La trampa es doble. Si el Gobierno no accede a tolerar el referéndum deberá impedirlo, con lo que el guión nacionalista acentuará los perfiles supuestamente antidemocráticos de un Estado ladrón, jacobino y mangurrino. Si el Estado accede a las concesiones económicas de fondo, una versión ampliada del trespercent para pasar página, dará alas a la imposición más pronto que tarde de una república nacionalista cuya única escapatoria plausible es la de convertirse en una ampliación de Andorra, propósito en el que llevan décadas empeñados los Pujol y demás grandes familias del nacionalismo.
La única salida racional y legal es la aplicación del artículo 155 de la Constitución e intervenir la administración autonómica. La única alternativa política pasa por el mismo precepto, una recomposición institucional de Cataluña mediante la que las paletadas de recursos generales y abstinencias partidistas que se han gastado en fomentar el odio a España y los españoles se destinen a reconstruir la realidad, la libertad y la dignidad ciudadana. Como en el caso del ataque de cordura nacionalista, el regreso del Estado a Cataluña tampoco es previsible.