Con la habilidad propia de quien es incapaz de asumir una mínima responsabilidad, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se desentiende por completo de los graves sucesos del barrio del Raval, céntrico vertedero en el que no son tendencia los apartamentos turísticos sino los narcopisos. La izquierda local, heterogénea suma de las excrecencias sociopáticas más espantosas del siglo pasado con el nacionalismo como cola de contacto, mira para otro lado porque es más divertido y menos arriesgado asustar turistas que señalar a los traficantes.
Las combativas escuadras de las alegres juventudes de la CUP, tan bravas y bizarras, sopesan los riesgos de "escrachar" a un camello que lo mismo se lía a navajazos y no les sale a cuenta. Por no hablar del agudo y vidrioso conflicto teórico que se les plantea, puesto que ellos están por la okupación, por abolir la propiedad privada, cargarse el sistema y pasar de todo, que es exactamente lo mismo que hacen los delincuentes que aprovechan que un vecino ha ido a bajar la basura para tirar su puerta abajo y recalificar el uso del espacio de vivienda a despacho de distribución de estupefacientes.
Gracias a las psicotrópicas leyes relativas al inmobiliario, el invasor dispone de un apabullante blindaje que convierte su desalojo en una remota posibilidad tras largo y laberíntico recorrido por los juzgados. Las organizaciones delictivas que se están adueñando de la zona, el meollo de Barcelona, se amparan en una interpretación espuria de la legalidad que impide a la policía, ya se trate de la Guardia Urbana o de los Mozos, trincar al usurpador, clausurar el ultramarino y devolver el uso y disfrute del piso a su legítimo propietario.
Una vez emprendido el lento y espeso recorrido judicial y con una orden de desalojo en la mano, suele pasar que funcionarios, abogados y agentes de la autoridad se encuentran en el piso a una mujer y dos menores en vez de al repartidor de muerte en polvo, quien regresa a su oficina una vez frustrado el desalojo y disuelta la comitiva judicial ante la pretendida situación de desamparo que esgrime la presunta madre.
Los vecinos más afortunados son los que todavía conservan el pisito. Reciben amenazas e insultos, no les dejan vivir, pero todavía tienen un techo bajo el que morirse de asco mientras Ada Colau y sus revolucionarios y superprogres concejales se dedican a prohibir hoteles, fomentar el incivismo velocípedo y disimular su esférica inanidad. Las vidas y haciendas de los vecinos de un barrio están en juego y en lugar de organizar una redada diaria, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad de paso prefieren maniatar a sus policías y hacer la vista gorda ante la comisión continuada, pública y alevosa de numerosos delitos relativos a la salud pública y la propiedad privada, lo que de suyo también es constitutivo de variados supuestos penales.
La escalofriante ausencia de empatía, imaginación y audacia del Gobierno de Rajoy impide ni siquiera debatir la posibilidad de aplicar en el Raval la "solución aeropuerto" con el envío de los más cualificados "estupas" de la Policía Nacional y la Guardia Civil. No sólo lo agradecerían los aterrados ciudadanos, que no arriesgan un vuelo sino su domicilio, sino también los desgraciados clientes de los camellos, que a falta de basura con la que matarse podrían contemplar acudir a los bien surtidos e higiénicos dispensarios administrativos de metadona.
Los okupas esgrimen en defensa de sus procedimientos y actividades un argumento que causa gran impresión en los cargos de confianza municipales: siempre asaltan pisos y locales que son propiedad de bancos o inmobiliarias. Desplazados y resistentes del Raval desmienten la versión con la que se ha quedado Colau, madrina de lateros, manteros y demás gremios del comercio "alternativo".