Un puñado de víctimas del terrorismo encabezadas por Consuelo Ordóñez se plantaron a las puertas de la 'casa de cultura' de Alsasua el sábado para exigir a los etarras allí concentrados alguna información sobre cuatrocientos asesinatos sin resolver. Los etarras eran un animado grupo de casi un centenar de criminales al parecer sin causas pendientes porque sus delitos habrían prescrito. "Los huidos", les llaman. Dijo su portavoz en el mentado acto que tendrían mucho que decir sobre la guerra sucia en el País Vasco. Pues que lo diga y que hable también de los cuatrocientos muertos. ¿No afirman que los delitos han prescrito? Los familiares de esas víctimas tendrán derecho a saber por qué se los cargó ETA y quien fue el gudari que apretó el gatillo. ¿O no? ¿O es que ese derecho a saber sólo ampara a los hijos y los nietos de los fusilados en las cunetas y los paredones de la Guerra Civil y en las cárceles de Franco? Sería un detalle por parte de los terroristas no ya que pidieran perdón, sino que aclarasen tantos asesinatos. Seguro que muchos familiares lo agradecerían más que una declaración fingida en plan "lo siento, ya sabe, la lucha, el pueblo vasco, usted dispensará...". Incluso sería de justicia que los jueces de la Audiencia tomaran cartas en el asunto, ahora que les han cortado el ala universal. El País Vasco queda más cerca que el Tíbet y cuatrocientos muertos no es número precisamente menor. Y menos en comparación con los mil muertos "oficiales", los reivindicados por la banda.
De la misma manera que muchos medios de comunicación, juristas, políticos, tertulianos y editorialistas impulsan el esclarecimiento de lejanos episodios de la Guerra Civil, no estaría fuera de lugar reivindicar la memoria de las víctimas de ETA y determinar las circunstancias exactas de su muerte, señalar el lugar donde fueron asesinados, el momento, las causas, si fue por salir cinco minutos antes o después, si es que apestaba a guardia civil o es que no había pagado el "impuesto". De hecho, el afán de justicia llevó a Baltasar Garzón a pedir el certificado de defunción de Franco, diligencia punto más exótica que aspirar a un conocimiento preciso de asesinatos mucho más recientes, como los de ETA. Y si eminentes juristas consideran que los delitos del franquismo no han prescrito y Argentina reclama la extradición de funestos personajes del final de la dictadura, ¿cómo negar a las víctimas del terrorismo vasco, aunque fueran una exigua minoría las que lo piden, todas las aclaraciones y detalles que demandan? No es congruente con la reivindicación de la denominada "memoria histórica".
En el caso de la guerra civil y del franquismo se podrá objetar que lejos de ser asuntos prescritos ni siquiera fueron juzgados o, en su defecto, fueron abordados en tribunales que no merecen ese nombre. En el caso de ETA, la prescripción de esos asuntos es aún más cuestionable que la de los expedientes de la dictadura. Muchos de esos casos no llegaron a la Audiencia y se da la particularidad añadida de que los autores de tales crímenes están vivos y gozan de un excelente estado de salud, visto lo de Alsasua, circunstancia que salvo excepciones no pasa con la Guerra del 36, de la que ya no queda ni Carrillo.
¿Y el 11-M? Sorprende, como mínimo, la violencia verbal contra los llamados "conspiranoicos", pero aún más la sacralización de una sentencia que deja algunas preguntas en el aire. También sorprende la obsesión por enterrar el caso, la cerrazón de quienes blanden un fallo que en muchos casos no se han tomado ni la molestia de leer. No cuadra con el afán, desde luego legítimo, por revisar asuntos, reabrir archivos y remover fosas de hace siete décadas. Está tan claro que no se hizo justicia en el periodo 1936-1975 como las circunstancias, las causas y la autoría intelectual de la mayoría de las muertes acaecidas en ese largo periodo. Sin embargo, se investiga, se documenta y se vuelve sobre pruebas que datan de la tercera década de siglo pasado sin que eso suponga el más leve problema. Algún murmullo de desaprobación tan sólo cuando el Vaticano beatifica a religiosos fusilados y poca cosa más.
Resulta paradójico también que se demande a los "conspiranoicos" que pidan, pidamos, perdón mientras que con los etarras el nivel de exigencia moral es sensiblemente más bajo. ¿Que no? Artículo de Enrique Gil Calvo de fecha 17 de marzo de 2014. En El País. Transcribo: "Lo más indignante de las ceremonias conmemorativas del 11-M no ha sido la contumacia con que algunos recalcitrantes empedernidos (como el cardenal Rouco o el presidente de la Comunidad de Madrid) continúan negando el veredicto judicial que atribuyó la masacre al yihadismo, sino la negativa a pedir perdón de todos aquellos que en su día sostuvieron la falaz fábula conspiranoica. Son nuestros negacionistas particulares (...) Es verdad que ahora ya optan por aceptar los hechos probados por el dictamen judicial. Pero lo hacen sin reconocer su pasado error (...) Lo cual demuestra un cinismo farisaico difícilmente superable, pues estos negacionistas son también los mismos que exigen a los presos de ETA que confiesen sus crímenes, se arrepientan del daño causado y pidan perdón a sus víctimas, como conditio sine qua non para reconocerles sus legítimos beneficios penitenciarios".
Querido amigo Gil Calvo, ¿entonces, por qué hemos de pedir perdón, porque continuamos negando o porque aceptamos los hechos probados pero no reconocemos el error pasado? ¿O por querer saber más, e incluso toda la verdad del 11-M, aunque no hayan pasado 75 años? ¿O por pretender que se aclaren todos los asesinatos de ETA? ¿O por pedir la revisión de pruebas y el certificado de defunción de Franco si hiciera falta? Lo siento, pero no me ha quedado del todo claro.