Los señores y señoras fiscales que investigan el referéndum ilegal celebrado el 9-N de 2014 en Cataluña acaban de mover pieza. ¡Que paren las rotativas! Tremebunda conmoción. Preguntan si la Generalidad tuvo algo que ver, técnicamente hablando, con la gestión informática de tal jornada electoral. Unos fenómenos estos fiscales. Siguen el método aplicado contra Alfredo Capone, al que se logró encarcelar por defraudar al fisco.
Los fiscales y los jueces, y no digamos ya el abogado andorrano magistrado instructor del caso Mas, tienen sus dudas. No lo ven claro. Menudo jaleo, el 9-N, me abuuuuurro. ¿A ver si lo entienden? A un click de ordenador, sus señorías, ilustrísimas, megahonorabilísimas y doctas personas humanas pueden comprobar que un tipo que se llama Artur Mas, igual que el presidente de la Generalidad, y es que es el presidente de la Generalidad, redactó las preguntas, convocó el referéndum, ordenó diecisiete campañas institucionales, montó un número en directo para firmar la convocatoria con una pluma que está en el Museo de Historia de Cataluña, y el consejero de Justicia regional, esposo de una vocal del CGPJ a propuesta del PSOE, colega de todas las señorías y señorisísimas, fue el primer pelotari en sacar el teléfono móvil para inmortalizar el momento en el que el antedicho Mas estampaba su garabato en un decreto de la Administración autonómica que decía Adiós España y que te vayan dando.
Aquel día, a mayor abundamiento 27 de septiembre del 14, el mismo que el de las pasadas elecciones del 15, Artur Mas llevaba igual traje y corbata que el de la jornada en que se le casó una hija un año antes, en el 13. Todo eso del decreto, menos el matrimonio de la chica, fue anulado por el Tribunal Constitucional, en otra ágil y contundente acción judicial en la que se requería a Mas un poquito de por favor. Ante semejante andanada del Poder Judicial, Mas ordenó comprar cuarenta mil ordenadores, mínimo, para llevar a cabo su consulta. Los presos de la cárcel de Lérida tuvieron que montar las urnas de cartón e imprimir las papeletas. Sí, sí, los del talego. Por cierto, las cárceles en Cataluña están transferidas y dependen del marido de la vocal del CGPJ, el del móvil, Germà Gordó, que no está imputado.
La Generalidad contrató a empresas de comunicación, eventos y espectáculos para la gran jornada. La Generalidad montó una carpa para el seguimiento de la noche electoral. La Generalidad abrió las escuelas y las puertas de sus edificios para que se siguiera votando después del 9-N. La Generalidad presentó los resultados, se proclamó ganadora, se felicitó por la normalidad de la jornada, se rio de Rajoy en sus barbas, se ciscó en España, en la soberanía nacional y en la madre que nos parió. La Generalidad de Mas y todos sus consejeros, desde el de Interior hasta el de Economía.
Claro que la Justicia en España es lo que hay: mucha toga, muchas puñetas, demasiadas mandangas y un olor fétido y nauseabundo. El juez que se encarga de lo de Mas forma parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que es donde se juzga a los ciudadanos de primera, ergo políticos, y se llama Josep Manuel Abril. Es un abogado andorrano designado por el Parlamento catalán a instancias de Convergencia. Imparcial de narices. Semejante lumbrera citó a declarar a Mas el 15 de octubre de 2015, casi un año después de los hechos y en el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys.
Y así una tras otra, del Constitucional al más pequeño juzgado de España, donde los ciudadanos son triturados, machacados y fundidos por funcionarios que no hacen más que seguir el ejemplo de sus jefes. Mas ha llevado a la ruina a decenas de miles de catalanes, por su culpa se deben miles de millones de euros, se ha choteado de todo y de todos, ha incumplido autos, fallos y demás zarandajas, ha proclamado la república, la desconexión o el carajo de la vela y está más pancho, tranquilo y ancho que cualquier jubilado con los ahorros en preferentes. Justicia en España. Españoles y Justicia.