Los ciudadanos contrarios al separatismo, aquellos que durante años han callado por temor a ser estigmatizados, quienes renunciaron a que sus hijos aprendieran un castellano decente para evitarles señalamientos y porque las sentencias no servían para nada, los que no se metían en política por no meterse en problemas, quienes creen en las leyes, en la Constitución, en la convivencia, en España, en una Cataluña en paz y muchas más personas han salido a la calle este domingo 8 de octubre en Barcelona.
Basta ya de manipulación, de mentiras, de adoctrinamiento, de odio a España, de puro y duro supremacismo. Ya basta de insultar a las personas que no son nacionalistas, sean políticos, policías, jueces, fiscales, periodistas, artistas, escritores, profesores o intelectuales. Han sido décadas de silencio en el oasis, de corrupción nacionalista, de inmersión lingüística, de bombardeo mediático, de propaganda agitando el odio a España, de insultos a los andaluces, murcianos, madrileños y extremeños. A todos y contra todos. "Espanya ens roba", Roma ladrona.
Desde 1980, el nacionalismo lo ha contaminado todo.Ha arrasado con cualquier conato de agrupación cívica que no comulgara de grado o a la fuerza con el credo catalanista. Han aislado, marginado e insultado a los disidentes. Las escuelas, los medios, las universidades, las administraciones, todo ha sido convenientemente manipulado por profesores, periodistas y altos cargos que ejercían de comisarios políticos siguiendo las pautas de un plan cuyo santo y seña era "primero paciencia, después independencia".
Sólo unos pocos medios y con la manifiesta hostilidad no sólo de las autoridades catalanas sino de los sucesivos gobiernos de España, han tenido el coraje de denunciar los múltiples atropellos contra los más elementales derechos humanos que se han producido en Cataluña en nombre de la nación catalana, una abstracción que si tenía algún fundamento ha sido destruido por varias generaciones de políticos tan irresponsables como Jordi Pujol, un evasor fiscal confeso, Artur Mas, Carod Rovira, Junqueras, Puigdemont y tantos y tan pavorosos personajes de la CUP, un grupo minoritario que no encubre precisamente sus intenciones de convertir Cataluña en una república socialista popular, o sea el puro terror sobre una población que no es un solo pueblo, como pregonaban los antedichos mientras cavaban una enorme trinchera en medio de la sociedad catalana.
A pesar del discurso del Rey, de la fuga masiva de empresas y de la histórica, inesperada y esperanzadora manifestación de este 8 de octubre en Barcelona, la tropa separatista sigue con sus planes. Puigdemont ha anunciado en TV3 que declarará la independencia este martes. La reacción popular ante el suicidio colectivo no ha mermado un ápice su determinación ni la de la CUP. Aumentan las voces nacionalistas que piden una tregua a los suyos. No van a dar marcha atrás, aunque debatan sobre los diferentes efectos legales de declarar una cosa o proclamar otra. Si se les da la más mínima ventaja, si se opta por la mediación o por unas elecciones anticipadas, el gesto histórico de millones de ciudadanos en Cataluña y en toda España habrá sido en vano y una vez más la política habrá traicionado a una ciudadanía que ha hablado alto y claro, incluso en Barcelona, donde se ha roto un silencio de décadas en una manifestación impensable hace una semana.
Desaprovechar el aliento de los ciudadanos, el impulso de un país en pie en defensa de su unidad, de la convivencia, de la libertad y de la igualdad sería una traición incomprensible. Esas personas apelan al Estado de Derecho y apelan a quienes deben garantizar su cumplimiento. Apelan al Gobierno y apelan al PSOE para que no permitan ni un minuto más la catastrófica situación en la que está sumida Cataluña por los insensatos dirigentes del gobierno golpista de la Generalidad y sus socios parlamentarios. Piden que no se declare la independencia y piden que se desmantelen las estructuras que han permitido a los separatistas llegar al punto de ruptura irreversible. Y también piden poder vivir en paz, sin odio y libres para hablar y para pensar como quieran. No quieren que se les acepte, sino que se les respete. No tienen que integrarse en un país que es tan suyo como de los separatistas, pero al que respetan y quieren más porque mientras ni un solo separatista ha pedido a las empresas y bancos que no se vayan, Mario Vargas Llosa y Josep Borrell sí que lo han hecho.
Puestos a exigir diálogo y mediación internacional, no estaría de más reclamar la presencia de observadores imparciales en Cataluña para que analicen el sistema educativo, la trama mediática, las estructuras administrativas y las responsabilidades que se pudieran derivar de la utilización de menores para fines políticos, las discriminaciones por razón de lengua, el tono de los mensajes mediáticos, la ausencia de la más mínima pluralidad en los medios públicos, la corrupción sistémica del 3%, la marginación social y laboral de los disidentes y decenas de otros detalles poco difundidos de la próspera y privilegiada Cataluña.
En el ambiente creado durante los últimos años y con el sistema electoral que hay en Cataluña (el de España, que no se ha cambiado porque beneficia el voto del interior frente al de la conurbación barcelonesa), unas elecciones no disponen de las más mínimas garantías. Una de las opciones que barajan los golpistas es declarar una independencia que sería ratificada por unas elecciones que para el Gobierno serían autonómicas, pero para los nacionalistas, un referéndum de confirmación del 1-O.
Que más de media España y una gran parte de Cataluña se hayan puesto en pie contra el proyecto de destruir la Nación, que no sólo implica al separatismo catalán, sino que incluye a Podemos y a los proetarras en el País Vasco y Navarra, es una llamada al orden, una rendija de esperanza, que el Gobierno y los poderes del Estado no pueden dilapidar con la excusa de que el separatismo da señales de fatiga y miedo. Está en juego un futuro de libertad, convivencia, prosperidad y paz en Cataluña y en el resto de España.
El momento es tan histórico como grave. El Rey ha estado a la altura, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se está a la espera de que Rajoy y Sánchez hagan lo mismo. Rivera solicita la aplicación del artículo 155. La Nación se ha puesto en pie en Cataluña. Han sido muchos años de silencio y hay sobradas pruebas de las causas totalitarias de tal silencio como para dar la espalda a una ciudadanía que ante el riesgo cierto de aniquilación ha salido a una calle que debería ser de todos y no de los infaustos comités de la CUP, la ANC y Òmnium o de la turba que ante la pasividad de los Mossos pretendió linchar a una secretaria judicial y a un grupo de guardias civiles cuando registraban la consejería de Economía de Junqueras, uno de los centros logísticos del golpe.
El escenario insurreccional de los separatistas ha recibido una respuesta verdaderamente cívica, realmente pacífica y nada festiva. No se ha pedido diálogo. No ha habido actuaciones musicales ni exhibiciones de costumbres locales. Se ha pedido libertad, ley y seguridad. Que no lo olviden y que no olviden los políticos que la Nación son los ciudadanos que hoy se han puesto en pie en Cataluña y que no tienen escolta. Convendría revisar la orden de retirar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil el 18 de octubre. Es más, convendría que el Estado de Derecho regrese a Cataluña para no marcharse nunca más.