Cuando Artur Mas dijo "Nos quieren romper las piernas" no se refería a las miles de personas que en Cataluña portan prótesis caducadas debido, en la más benigna de las hipótesis, a su brutal y peligrosa incompetencia. Eso fue tiempo después de entrevistarse con un empresario afecto, Lluís Márquez, administrador de la sociedad que suministraba al hospital San Juan de Reus las dichas prótesis pasadas de fecha y con los precintos alterados. Fueron los propios trabajadores de Traiber, que así se llama la empresa, quienes alertaron a las autoridades sanitarias de la aberración, cuando algunos pacientes empezaron a sufrir graves complicaciones.
Traiber tenía buenos contactos. Su jefe era recibido por el president y el trabajo sucio lo hacían los concejales de CiU en Reus, que eran los que presionaban a los responsables del hospital para que adquirieran el material, unas prótesis a todas luces anticuadas, desfasadas, caducas y caducadas, desechos de muestrarios viejos e infecto fondo de almacén de los horrores. Cuando se destapó el pastel del vil metal, el juez detuvo a la primera teniente de alcalde de Reus, la nacionalista Teresa Gomis, así como a otras ocho personas, políticos incluidos. Gomis era un tábano a la hora de dar la brasa para que a Traiber no le faltaran contratos en el hospital, aun a costa de lisiar de por vida o incluso matar de septicemia a todo aquel que requiriese de la implantación de una prótesis.
Ante semejante panorama, con decenas de pacientes en la lista de espera para el recambio, centenares en observación y miles con picores en las rodillas, Mas denunció que Gomis estaba siendo tratada como una terrorista porque el juez había tardado tres días en tomarle declaración. El portavoz de Mas, Francesc Homs, se quejó escandalizado de que el magistrado había sido visto en un bar tomándose un café mientras retenía a nueve personas en el calabozo. El consejero de Sanidad, Boi Ruiz, balbuceó desconocer qué era Gomis y quién era Traiber o algo por el estilo. Está muy ocupado con la comercialización de los datos sanitarios de los ciudadanos, con las adjudicaciones de las ambulancias y con que los médicos sólo hablen catalán.
Ni una sola muestra de fingida indignación, ni un golpe de pecho, ni un "llegaremos hasta el final". Nada, y menos que nada buenas palabras para los afectados, como si llevar un implante bomba en la cadera o en la rodilla fuera de lo más natural, una patapalo, un parche o un garfio. Mas se hace el longuis porque tiene diecisiete cortafuegos, pero el caso es de manual y está entre lo del doctor Frankenstein y el doctor Mengele, al estilo de Jordi Pujol, licenciado en Medicina.
El día que se rompa la cañería de la corrupción sanitaria en Cataluña, el caso Pujol y lo del Palau van a parecer dos paridas que ni para un breve.