El "TSJCat", que es como llaman al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sus propios componentes, no ha tenido más remedio que empurar al president Mas por un presunto delito de desobediencia a causa de la celebración del referéndum de autodeterminación del pasado 9 de noviembre. Le ha costado tanto al TSJC reaccionar como al ex fiscal general Torres-Dulce que sus subordinados en Cataluña se pusieran de acuerdo y vencieran el miedo a querellarse contra Artur Mas.
La Justicia es lenta, pausada y morosa hasta el punto de que cinco horas de reunión entre seis magistrados sólo han dado de sí una nota de un folio en catalán, sin traducción al español, como es costumbre y "ley de hecho" en la región. La conclusión es que pasadas las fiestas navideñas, el 8 de enero, se comunicará a Artur Mas, a Joana Ortega, a la sazón vicepresidenta de la Generalidad, y a Irene Rigau, consejera de Enseñanza, su condición de querellados por un supuesto, presunto y teórico delito de desobediencia cometido al organizar, celebrar y festejar una votación ilegal. Están que tiemblan mientras compran el pollo y el champán.
A buen seguro habrán pesado en el ánimo de los atribulados jueces las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aseguró que en Cataluña no hubo referéndum el 9N. De ahí, probablemente, que sólo imputen a los mentados por desobediencia y descarten la usurpación, la malversación y la prevaricación. De hecho, los magistrados deberán aclarar primero si el 9N pasó algo fuera de lo normal en Cataluña.
Difícil encomienda porque el incumplimiento de las sentencias y de las leyes es lo habitual, corriente y tradicional en ese paraíso del oasis. Al parecer, la consecución y validación de las pruebas sobre esa votación implica innumerables dificultades. Para empezar habrá que saber si Mas existe o es una fabulación de TV3 para despistar a los jueces. En dogma garzonita, lo que deberían hacer los magistrados para demostrar que van en serio es pedir la partida de nacimiento de Arturo Mas i Gavarró, de la misma forma que el exjuez Garzón pidió la de defunción de Franco. Lo segundo, determinar en qué día de la semana cayó el dicho 9 de noviembre. Lo tercero, indagar en torno a las coartadas de los citados. Después, si hubo papeletas, urnas y el montaje propio de una jornada electoral. Y por último, quién organizó la cosa si es que tal cosa pasó.
Demasiadas complicaciones para el "TSJCat" como para amargar las fiestas a Mas, a Joana Ortega e Irene Rigau, los tres encausados. Y parranda redonda para Junqueras, que presidió una mesa; para el consejero Homs, que se desgañitó llamando al voto e insertando propaganda en los medios propios y los afines. O para Espadaler, el consejero de los Mossos que se ocupó de que los mossos no hicieran nada para impedir el referéndum. O para Gordó, consejero de Justicia catalán y esposo de una vocal del CGPJ a propuesta del PSOE, que encargó la impresión las papeletas y la confección de las urnas. Todos ellos han quedado exonerados. Una juerga o, como escribió Jardiel Poncela, "¿pero hubo alguna vez once mil vírgenes?". Y luego se extrañan de lo de Podemos.