El anuncio y los preparativos para la aplicación del artículo 155 de la Constitución han causado un profundo espanto en las primeras filas de las cohortes separatistas. La mera posibilidad de que técnicos del Estado puedan acceder a las tripas del emporio administrativo nacionalista causa sudores fríos en los oficiales del golpe contra la democracia. Febril actividad de los altos cargos de la Generalidad, que vacían sus teléfonos móviles, limpian las cuentas de correo, resetean los ordenadores y destruyen cuanto pueda delatar las corruptas prácticas de una vasta red clientelar.
Quienes han conducido a la sociedad catalana hasta la división y el enfrentamiento, quienes han propiciado una hecatombe económica sin precedentes, quienes han forzado un irrespirable clima de tensión social, inestabilidad política e inseguridad jurídica, esos mismos están dispuestos a llegar hasta el final, pero ahora preferirían no hacerlo. Comienza a vislumbrarse el efecto hipoteca, la posibilidad cierta de acabar en el paro, un panorama que a muchos se les antoja más tenebroso y duradero que el sino épico presidiario de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
El crédito de los líderes separatistas ha caído en picado entre sus bases. Si se consuma su anhelada independencia, ni Cataluña formará parte de la UE ni habrá helado de postre todos los días. Todo era mentira, una alucinación colectiva fomentada por toneladas de propaganda y doctrina sobre la congénita superioridad catalana frente a una España cuarteada y ladrona.
Se tiende a acentuar el efecto de la fuga de bancos y empresas sobre el pinchazo de la burbuja independentista en detrimento de factores como los dos discursos al respecto de Felipe VI o el nacimiento de un nuevo sentido español incluso en Cataluña, que prende de manera imparable cuando los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil alojados en unas condiciones lamentables son sometidos al indecente acoso de turbas separatistas pretendidamente cívicas en los días posteriores al 1-O.
La manifestación de alrededor de un millón de personas el pasado 8 de octubre en Barcelona en contra del separatismo no sólo alteró el argumentario del directorio separatista sobre mayorías y minorías, sino que aporta densidad específica al aviso número 155. Puigdemont puede amagar con una rectificación para evitar la aplicación del artículo constitucional. Es lo que le piden en su entorno quienes todavía no han perdido del todo el juicio o lo han recuperado de súbito. Si el Gobierno se conforma con una comparecencia en el Senado del presidente de la Generalidad y tal vez unas elecciones constituyentes, será que no ha aprendido nada ni de los episodios más recientes.
Por si acaso y para recordar una lección, Sociedad Civil Catalana ha vuelto a convocar a los ciudadanos no separatistas de Cataluña y del resto de España el próximo domingo en Barcelona. El viernes a última hora puede que se sepa si hay que mostrar apoyo a la aplicación del artículo 155 o exigir al Gobierno que no aborte el 155.
De momento y bajo la invocación del mágico número, la Generalidad les ha dicho a los funcionarios a los que obligó a hacer huelga el pasado 3 de octubre que tendrán que recuperar las horas perdidas. Lo ha denunciado la UGT de Cataluña, que forma parte de la Taula per la Democràcia que convocó dicha huelga y organizó la manifestación separatista del pasado sábado. Renunciar a los benéficos efectos sobre la percepción de la realidad del mentado artículo sería un error imperdonable por mucho que Puigdemont diga, si es que lo dice, que la república era una broma o inste a la apertura de solemnes conversaciones de distensión en un marco de diálogo sin condiciones etcétera, etcétera.