Los abnegados agentes de la Guardia Civil lo mismo valen para un roto que para un descosido. En calidad de policía judicial, están al cargo de las diligencias relativas a la corrupción nacionalista del tres por ciento y de las afectas a la organización del referéndum separatista que según Rajoy no se va a celebrar el 1 de octubre. Las actuaciones del Instituto Armado son de una reconocida profesionalidad y solvencia, al punto de que en una región devastada por la propaganda del odio a España como es Cataluña los ciudadanos tienen más confianza en la Benemérita que en el Govern y en el Parlament, según la última encuesta del CIS catalán.
Al parecer, la caricatura garbancera del tricornio y el 23-F que difunde con gran despliegue de medios el nacionalismo, sea vasco o catalán, no cala en una ciudadanía empecinada en mostrar un cierto respeto por los hombres de verde. Tal vez se deba al consistente sentido de la justicia del que hacen gala los guardias, a su innegable vocación de servicio y acendrada disciplina o a su contrastada eficacia, pero el caso es que un número de la Guardia Civil representa de forma más positiva y concreta al Estado que un ministro o un alto cargo. Por lo que sea, infunde más confianza.
Llevaría décadas y sería en balde determinar las verdaderas causas del prestigio de la Guardia Civil en particular y de las fuerzas del orden españolas en general entre quienes conducen serenos. El sistema político surgido de la Transición puso de relieve el valor y mérito de los policías –picolos, maderos, cipayos, mozos o pitufos– en la defensa de la vida y la democracia frente al terrorismo etarra. Cientos de miles de ciudadanos pueden referir alguna circunstancia en que los uniformados fueron ángeles de la guarda por tierra, mar y aire. El catálogo de especialidades policiales es tan inabarcable como las razones a su favor.
Es un espejismo, pero la única vez en Cataluña que los manifestantes contrarios a la independencia han sido más que los partidarios resultó ser la ocasión en que la CUP llamó a protestar frente a las puertas de la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona. Gran chasco separatista, tanto de los espantaturistas de la CUP como de los Rull y Turull que han llegado al extremo de denunciar a los agentes que por orden de un juez interrogaron a un grupo de altos cargos de la Generalidad.
Por primera ocasión en lo que va de legislatura postautonómica la lideresa cupera Anna Gabriel fue burlada. Ella, que se cargó a Mas, estaba dando la cara por unos convergentes junto a unas decenas de colegas entre los que no había ni un solo alto cargo de la Generalidad, ni el más ignoto militante pedecato ni el más levantisco dirigente republicano. Ni siquiera el secretario de Turull, el pedazo de portavoz que anunció la denuncia contra la Guardia Civil vía Twitter.
Ante las groseras mentiras de la Generalidad y la silente impasibilidad del Gobierno, el magistrado al cargo de las investigaciones sobre los mangoneos de los altos cargos de Puigdemont y Junqueras se vio en la tesitura de tener que desmentir que los agentes fueran unos torrentes sin control, según bramaba el excitado Turull.
Agua pasada. Ahora el epicentro del proceso está en el Aeropuerto de El Prat-Barcelona. El personal de los arcos de seguridad se ha declarado en huelga y cuarenta empleados han caído enfermos al tiempo y de repente. El colapso se arrastra desde finales de julio. Miles de personas han perdido sus vuelos, las esperas para acceder a las terminales han marcado registros de cuatro horas. Tercermundista imagen carroñeada por la Generalidad y sus extensiones ante la abstención del Estado encarnado en Fomento y Aena, cuyos mandos apuntan ahora la opción Benemérita si Interior da el visto bueno. La Guardia Civil siempre presente, pero no estaría de más que alguna vez los encorbatados, en este caso los muy bien pagados directivos de Aena, se hicieran cargo sin tener que tirar de los uniformados. Es lo mismo que pasa con el artículo 155 de la Constitución, que de haberse aplicado a tiempo hubiera evitado el bochorno de dos manifestaciones frente al cuartel de la Guardia Civil en Barcelona.