La vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, ha propuesto en el politburó del PP que los diputados de su partido puedan votar la reforma de la Ley del Aborto a su bola y en conciencia; que se les conceda excepcionalmente la "libertad de voto". La disciplina de ídem es el primer mandamiento del diputado español, ya sea nacional, autonómico o provincial, de ahí la noticia. Resulta paradójico que haya diputados que cuestionen así el programa del partido al que deben el cargo, un programa que vendría a ser el convenio colectivo de su desempeño, aquello que tienen obligación de cumplir, acatar y defender si fuera el caso. No se lo habrán leído y deben pensar que sus jefes diseñan y bendicen esos papeles igual que las listas electorales: de cualquier manera, pero con la diferencia de que a lo primero dedican menos tiempo y atención que a lo segundo.
El debate programático no existe. En cambio, las listas provocan encendidas discusiones y agrias polémicas internas, codazos y zancadillas a fin de garantizarse un puesto, ya sea por méritos cuneros, cuota de género o perseverancia en el peloteo. Y ya en el escaño, suave y acogedor, el trabajo es mínimo y el beneficio, extraordinario. Sólo es obligatorio estar para votar lo que diga el partido. No problemo hasta que llega un asunto no menos importante que el resto, pero con más audiencia, de esos que se debaten en moros y cristianos o como se llamen ahora esos programas de la tele. El aborto en este caso. Y hete aquí a la diputada Villalobos, que se pretende el verso suelto por antonomasia y por la izquierda del PP, la portavoz del cupcake party, pero de party de fiesta, la derechina de la derechona.
Reclamar la "libertad de voto" para ejercerlo "en conciencia" queda fenomenal, pero tiene la pega de que sugiere con una crudeza demoledora que los diputados votan sin mirar y sin saber y encima, privados de libertad. Terrible. O no tanto si se atiende al coste que hubieron de asumir los últimos diputados en votar lo que les dio la gana, en conciencia y en pleno ejercicio de su libre albedrío. Fueron los del PSC-PSOE en el Congreso, una moción sobre el derecho a decidir. Nada. No les costó nada y eso que eran reincidentes. Ocurrió en octubre pasado. Meses antes, en febrero, se desmarcaron o se desenmascararon, a saber, por lo mismo, con una moción de CiU a favor de la consulta separatista. Seiscientos euros de multa les clavó a cada uno su propio grupo, el PSOE de Madrit. Seiscientos. Es que era la primera vez que eso pasaba en la historia del socialismo y merecía una sanción económica. Al futbolista del Real Madrid Di Maria le van a meter un paquete bastante más grande, también en el bolsillo, por ejercitar con los testículos su derecho a discrepar de la afición.
Por seiscientos euros -aunque a lo peor las tarifas del PP son otras-, Villalobos se podría dar el lujazo de votar a la contra, enseñar la conciencia y gritar ¡libertad! desde su atalaya vicepresidencial. ¡Qué gran ejemplo daría! Pero cómo será la cosa de la disciplina del voto que los diputados que abogan por su particular derecho a decidir también reivindican que el voto sea secreto, para que tener conciencia les salga, además de sin multa, sin purga por no haberse leído el programa, que es, mientras no se diga lo contrario, un contrato con los electores. Claro que si oponerse al susodicho puede salir barato, incumplirlo es gratis.