En los últimos días, el nacionalismo catalán ha afirmado vivir con miedo a lo que ellos llamaban las "amenazas al sistema de inmersión lingüística". Esas amenazas no eran sino la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronunciase sobre la necesidad de que se reconozca también al castellano como lengua vehicular en las aulas catalanas.
Ese miedo, que forma parte del continuo victimismo nacionalista, se ha manifestado a través de las llamadas al desacato de las sentencias judiciales, mediante presiones públicas a los miembros del tribunal así como desde el más absoluto desprecio al funcionamiento de la justicia al que tan acostumbrados nos tienen desde que el por entonces President Montilla se colocase tras la pancarta de la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña.
Hoy conocíamos el auto y se desvelaba un episodio más de la serie de actuaciones judiciales que para tristeza de los nacionalistas, a nadie quepa duda, volverá a instalar el castellano en los centros educativos de Cataluña.
Con el fallo del TSJC, se viene a confirmar el derecho de las familias denunciantes a recibir la educación en castellano, o lo que es lo mismo, la obligación de la Generalitat de Cataluña a articular una respuesta eficaz a esa demanda.
Hoy, los insumisos del coche oficial se jactan de que con unas cuantas "atenciones individualizadas" conseguirán perpetuar un modelo educativo totalitario que impide a los padres elegir para la formación de sus hijos la lengua oficial del Estado en el que viven.
Pero nada más lejos de la realidad en la que nos encontramos. Ya existen sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que sitúan ese modelo monolingüe fuera de los límites que marca la legalidad. Ya hay obligación por parte de la Generalitat de Cataluña de adecuar la Ley de Educación Catalana a la sentencia del Constitucional sobre el Estatut. Y ya hay la demanda social de que ambas lenguas cooficiales puedan estar presentes en el camino educativo de los niños catalanes.
Lo que queda hoy en día son unos representantes políticos lanzados a una huída de la ley. Unos gobernantes que se enorgullecen públicamente de no acatar las sentencias de los Tribunales de justicia. Un Presidente de la Generalitat que se disfraza de insumiso para reírse del Estado del que es el máximo representante en aquella Comunidad Autónoma.
Contamos con los instrumentos judiciales para empezar a recuperar todo el terreno perdido en las últimas décadas por el avance de un nacionalismo cada vez más radical que en nombre del "proyecto nacional" no ha dudado en recortar derechos y aniquilar libertades individuales.
Necesitamos una labor de concienciación social que permita a la sociedad catalana y a la española en su conjunto ofrecer una "tolerancia cero" a quienes desde el despacho oficial afirman crecidos vivir de espaldas a la ley. Como Estado de Derecho debemos poner en valor la legalidad y la lealtad institucional y no permitir que los principales enemigos de nuestro sistema vivan y se favorezcan a su costa.
Esas familias tienen reconocido su derecho. Y la Generalitat debe hacerlo efectivo. El modelo educativo monolingüe catalán no se ajusta a la Constitución y por tanto debe ser cambiado. Y aquellos que desobedecen las leyes y desacatan las sentencias prevarican, y deberán, por tanto, responder ante la justicia si queremos que esta sea igual para todos los ciudadanos. Hoy los demócratas hemos avanzado un par de pasos más. Y sería un error retroceder ante los insumisos del nacionalismo catalán.
El Sr. Yáñez es presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística.