Los grupos que gobiernan el Ayuntamiento madrileño, Ahora Madrid y PSOE, nos trajeron al Pleno del martes una propuesta para que el Consistorio se querellase ante la Justicia por los crímenes del franquismo. Una cuestión extraordinariamente delicada, no hace falta decirlo.
Nadie cuestiona que bajo el franquismo hubiera víctimas de primera y de segunda en cuanto a reconocimiento y reparación. Por eso desde el comienzo de la democracia se decidió reparar estas injusticias.
Debemos asumir que no todas se han erradicado, y que incluso están apareciendo otras nuevas, por ejemplo como consecuencia de las recientes leyes de memoria democrática de Andalucía y Aragón, que niegan atrozmente la condición de víctimas a aquellos que fueron asesinados por los frentepopulistas. Mientras, en la Junta Municipal de Hortaleza se aprueba, con los votos de la franquicia de Podemos y el PSOE, dar una calle a una persona señalada por testimonios de víctimas como jefe de la cheka del lugar.
Nos habría gustado que la cuestión de los juicios al franquismo se hubiera debatido con plenas garantías de rigor y solvencia mediante un informe de la asesoría jurídica municipal. Cuenta con magistrados de reconocida trayectoria que podrían haber confirmado al Pleno la viabilidad de esta propuesta, toda vez que el Tribunal Supremo ya ha resuelto acerca de la imposibilidad de exigir responsabilidades penales por los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, de acuerdo con nuestro marco normativo vigente.
En primer lugar, porque esas responsabilidades fueron exoneradas por la Ley de Amnistía, aprobada mayoritariamente en las Cortes, también por el PSOE y por el PCE. En segundo lugar, porque los que se pretenden juzgar eran delitos comunes en su época y han prescrito. Incluso el delito de detención ilegal sin dar razón del paradero, sobre el que se basa la propuesta para demostrar el carácter de delito permanente de las desapariciones en ese periodo trágico, no estaba vigente en la Guerra Civil ni en los primeros años del franquismo.
Y esto por una sencilla razón: estaba recogido en el Código Penal de 1928, pero al llegar la Segunda República fue suprimido en el aprobado en 1932, bajo el bienio republicano-socialista. Hasta 1944 no fue reincorporado, por Franco, a la ley penal. Comprendo la perplejidad de algunos cuando descubran que el delito de desaparición forzada no existía cuando se produjeron las barbaridades en uno y otro bando porque lo había eliminado la propia República. Pero así es la Historia: metes la mano en ella para manipularla y te la puede arrancar de un mordisco.
En tercer lugar, nos habría gustado que los asesores jurídicos del Ayuntamiento confirmaran que los crímenes contra la Humanidad no se recogen en el Código Penal hasta 2004, y por tanto no se puede aplicar retroactivamente la ley penal en caso desfavorable.
Y en cuarto término, estimábamos necesario que los servicios jurídicos municipales acreditaran que los convenios y pactos internacionales de derechos humanos que citan en la proposición eximen a España de aplicarlos por hechos anteriores a su firma.
En este punto debo subrayar que el grupo político de Carmena y sus aliados socialistas llegan incluso a citar en su proposición el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados. Un convenio suscrito por… Franco en 1972. ¡Hasta alaban los convenios internacionales firmados por el dictador para fundamentar su proposición para juzgar la dictadura! Uno piensa que estas cosas podrían hacerlas fuera del Pleno municipal, por respeto a todos los madrileños.
Pero lo peor no es eso. Citan los artículos 26 y 27 del Convenio de Viena para recordar que ningún Estado puede ampararse en su normativa interna para no aplicarlos, pero es impresentable que hurten a este Pleno, con espíritu prevaricador, el artículo 28 del mismo Convenio, que pulveriza jurídicamente su proposición.
Porque el artículo 28 dice que los Estados firmantes de esos tratados vinculantes para el futuro están obligados, sin embargo, a respetar el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables respecto a los hechos producidos con anterioridad al momento de la adhesión.
Cuando vimos rechazada nuestra pretensión de que una propuesta destinada a demoler la Ley de Amnistía y el pacto de concordia y reconciliación entre los españoles tuviera al menos un mínimo soporte jurídico se confirmó la atracción fatal de Ahora Madrid por los saltos al vacío. La idea de que un mero acuerdo municipal pueda derogar de un plumazo la Ley de Amnistía vigente, así como los principios de legalidad e irretroactividad de nuestro Derecho, es tan cínica y torpemente malévola que cuesta creer que haya podido ser permitida por una alcaldesa con una carrera de juez a sus espaldas.
Antes que el Supremo, la Audiencia Nacional ya había dictado una resolución para dejar claro que no podían juzgarse los crímenes de la contienda ni de la dictadura. La firmaba, sorpréndanse, el hoy exjuez Baltasar Garzón, cuando en 1998 rechazó abrir juicio contra Santiago Carrillo, el PSOE y el PCE por las matanzas de Paracuellos. El mismo Carrillo que el 1 de octubre de 1977, pocos días antes de la aprobación de la Ley de Amnistía, había dicho en un mitin que querían la amnistía "para todos los de un lado y los de otro" y "hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre".
Recordarán que Garzón, en un ejercicio de coherencia digno de figurar en el Guinness, decidió cambiar de opinión años después para abrir una causa contra el franquismo, causa que acabó determinando que Franco no era inmortal, aunque algunos se empeñen en convencernos de lo contrario.
El segundo récord Guinness de coherencia lo disputa desde este martes el PSOE. Votaron una propuesta para juzgar al franquismo después de haber votado en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados en contra de juzgarlo. La primera vez el 19 de julio de 2011, y la segunda vez el pasado 26 de diciembre, a instancia de una iniciativa de Podemos.
El carácter urgente de la moción del martes en el Pleno municipal solo se explica ante el fundado temor de Podemos de que sus socios del PSOE fueran a votar por tercera vez en las Cortes contra el juicio a los crímenes del franquismo, antes de hacerlo a favor con ellos en el Ayuntamiento.
El caso es que, aun a sabiendas de que su partido votó en el Congreso dos veces contra esta propuesta, por considerar inviable la derogación de la Ley de Amnistía, el grupo municipal socialista se ha prestado a este despropósito jurídico. Parece como si considerara el Ayuntamiento como el patio de recreo donde salir a desfogarse, donde dar rienda suelta a su perfil más podemita, dejando de lado el papel institucional que, al menos en los últimos tiempos, ha desempeñado con seriedad.
Lo que es evidente es que el PSOE ha comprado en Cibeles la mercancía averiada de Podemos, según la cual la Ley de Amnistía es una ley franquista de punto final sobre la que se sostiene el "régimen del 78", trasunto del franquismo irredento.
Parece mentira que sean precisamente los socialistas quienes renieguen del legado de tantos antifranquistas que apoyaron y aprobaron la Ley de Amnistía, que tuvo mucho de generosidad por parte de todos, pero especialmente de los que perdieron la guerra.
Lo remarca en el mismo sentido el Tribunal Supremo en su sentencia del 2012 sobre el caso Garzón, cuando dice que la Ley de Amnistía fue
consecuencia de una clara y patente reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo (…) para desmontar el entramado del régimen franquista. (…) En ningún caso fue una ley aprobada por los vencedores, detentadores del poder, para encubrir sus propios crímenes.
Estas querellas contra el franquismo no tienen ningún recorrido jurídico, y lo peor es que sus promotores políticos lo saben, pero no desaprovechan la ocasión de atizar las cenizas del rencor a ver si salta alguna vez la chispa. Pero ni por esas. Los españoles les tienen ya muy calados, hasta el punto de que en las redes sociales se ha hecho popular el término Francomodín, la carta que algunos sacan siempre cuando no tienen nada que ofrecer. Lo único que conseguirán es movilizar con nulo resultado los recursos, el personal y el tiempo de la ya sobrecargada Justicia madrileña.
Además, cuesta creer que de verdad consideren que se pueda abrir juicio por delitos de lesa humanidad por los 3.000 muertos de la represión franquista en el Madrid de posguerra sin abrirlo también por los más de 8.000 asesinados por la represión frentepopulista en Madrid, incluso la descargada entre sus propias filas, como el caso de Andreu Nin, cuyo nombre fue invocado sorprendentemente al citar a su Fundación en esta sesión como partidaria de que solamente se abra una causa contra los crímenes del franquismo. Ver para creer.
Que la búsqueda de responsabilidades penales por los delitos de la Guerra Civil no se quedaría solo en el bando franquista lo dice también otro socialista, Ramón Jáuregui, y con bastante rotundidad: "La persecución penal del franquismo implica una causa general contra todas las responsabilidades penales de aquellos años". Además, si hablamos de genocidio según la terminología de la ONU, qué mayor genocidio que el religioso, cometido en la zona republicana, con cerca de 9.000 víctimas.
Parece que en esto consiste básicamente el plan de derechos humanos del Ayuntamiento de Carmena. En denunciar sólo los crímenes del franquismo para sentirse cómodos con su conciencia, mientras algunos de sus concejales relativizan o incluso parecen menospreciar, con sus homenajes a "las hermosas revoluciones", a las decenas de millones de víctimas aplastadas implacablemente en todo el mundo por el puño que tanto les gusta levantar.
Podemos y sus franquicias saben que los cimientos de la España constitucional son la concordia y la reconciliación. Por ello los han convertido en diana de sus ataques, con su continua apelación guerracivilista. Y lo saben bien porque, como escribió Javier Pradera, tres veces encarcelado por la dictadura,
sin la amnistía de 1977 no existiría la Constitución de 1978: forma parte de su génesis y empapa su articulado.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid lo tiene muy claro ante la intención de Carmena y sus aliados socialistas de querellarse contra aquel pasado de sangre y sufrimiento. Si no lo van a hacer contra todo aquel pasado, sino contra una parte solamente, no deben hacerlo en nombre de todos los madrileños.
Deben hacerlo en nombre de sus partidos y con los recursos de sus partidos. Que no utilicen ni el Ayuntamiento ni el dinero de todos los madrileños para cometer la tropelía de pretender que la Justicia democrática juzgue solo una parte de la infamia totalitaria que padeció nuestra ciudad a manos de los hunos y los hotros.
Pedro Corral, historiador y concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid.