Ya sabíamos que Manuel Chaves no siente ningún bochorno. Su dislexia es, sobre todo, moral. Lo supimos cuando en 1995 publicamos cómo 32 dirigentes de su partido en Cádiz y él mismo dejaron de pagar un préstamo en la Caja de Ahorros de Jerez, préstamo que la entidad eliminó del circuito informático contabilizando como quebranto neto de los impositores lo que había sido -digámoslo suavemente- una sustracción en toda regla. Nada más ganar las elecciones de 1996, Chaves impidió que siguiera la comisión de investigación que se aprobó con los votos de PP e IU. Nunca más se supo.
Tampoco sintió bochorno alguno, para ir deprisa, cuando se supo que la empresa en la que trabajaba su hija, Paula, había sido agraciada con una ayuda a fondo perdido de 10 millones de euros aprobada en un Consejo de Gobierno presidido por él mismo, que, cuando menos, debiera haberse ausentado por pudor.
Tampoco lo sintió cuando sus hermanos fueron descubiertos en sus andanzas, unos colocados en la Junta, otros haciendo negocios con la Junta, otros medrando a costa de la Junta. Tampoco conoció el bochorno cuando su propio hijo, Iván, se autocalificó de "comisionista" de la Junta de Andalucía. Ni lo ha sentido cuando sus hermanos de UGT han hecho lo que han hecho, ni cuando ha comprobado que se está viniendo abajo el tinglado de la formación que, cuando menos, consintió.
¿Por qué iba a sentirlo ahora por haber sido imputado por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE fraudulentos? El bochorno, dice la Academia, es el "rubor causado por algo que ofende o avergüenza". Pero, para eso, es preciso saber qué es una ofensa o qué es la vergüenza. Y eso es mucho pedir.
Pero Susana Díaz, señores, es más joven, tiene 40 años y está a punto de ser madre. Podría dar un ejemplo de civismo, de honestidad política, de dirigente democrática cabal y demostrarle a Pedro Sánchez que ella sí cumple lo que promete. ¿Y qué prometió? Que obligaría a dejar el acta de diputado o senador a los aforados que fueran imputados. Para que no haya dudas, así lo contó El País:
La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, ha asegurado que los nueve aforados que están señalados en el caso de los ERE tendrán que dejar su escaño si finalmente son imputados, ya sea ante el Tribunal Supremo (caso de los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán) o ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La propuesta de Díaz va más allá de lo que marcan el código ético del PSOE y la Declaración de Valencia que acordó recientemente la dirección federal contra la corrupción. En ambos documentos, los socialistas fijan la renuncia al cargo cuando se produzca la apertura de juicio oral.
No es que esté claro. Es que está clarísimo.
Está obligada a hacer lo que dijo y ella lo sabe. Si no lo puede hacer, debería irse de la política ahora y pasar a nuestra pequeña historia democrática como alguien decente que pudo mirar a sus hijos cara a cara y con limpieza. Si no lo hace, todos los andaluces debemos exigir que se vaya de la política. El bochorno de ser andaluz ya ha rebosado de todos los vasos. Si no pìde a los cinco aforados imputados en el Tribunal Supremo que dejan sus escaños y los privilegios que conllevan, la oposición política andaluza, en primer lugar y en conjunto y los ciudadanos en general, no debemos pasar ni una sola oportunidad sin recordarlo sistemática y sonoramente. No puede ser que estemos tan acostumbrado a la cochambre política y moral que ya no sintamos ni padezcamos.
Por ejemplo, una cacerolada consensuada hasta que se cumpla lo que se prometió sería muy saludable. A una porquería clamorosa debe responderse con el clamor de la dignidad de una ciudadanía. Este sí que sería el principio de un cambio.
Dios y los andaluces me oigan.