A veces, los árboles no dejan ver el bosque. Este viernes, la juez Alaya, encargada de la instruir el caso de los ERE, ha dejado a los pies de la comunicación española no un árbol, sino un bosquecillo, parte naturalmente del gran bosque general de los ERE. Por ello, no tiene justificación centrar toda la atención en los directores generales de Trabajo de la Consejería del ramo en la Junta de Andalucía que han sido imputados hoy. Lo primero que hay que destacar es eso, que son dos, y no uno, como parecen coincidir hoy muchos en los medios de comunicación españoles.
En efecto, parte del bosquecillo (tal vez de clase parecida al de Birnam acercándose cada vez más al Palacio de San Telmo, a José Antonio Griñán y a su antecesor, Manuel Chaves) son estos dos directores generales de Trabajo, uno en activo y otro que vuelve del pasado reciente de la Consejería.
El actual, Daniel Alberto Rivera, esta imputado por la tramitación de una ayuda de 175.998 euros para la empresa Surcolor sin haberse percatado de que eran 24 los despedidos y 26 los "ayudados"(esto es, no vio a dos intrusos). Tampoco lo vio su antecesor, Juan Márquez que, además, metió en un ERE a un ex delegado de Trabajo de la Consejería, Juan Rodríguez Cordobés sin haber trabajado nunca en la empresa afectada. En marzo de este año, estos hechos ya fueron denunciados por el PP de forma minuciosa. Es más, mencionó al ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, hoy imputado. Los tres ex directores generales imputados ahora, Guerrero y estos dos sucesores y otros más.
Pero lo importante es que esto cada vez menos parece una cosa de cuatro golfos, Chaves dixit, sino de centenares de golfos que casualmente pertenecen a un único partido, el PSOE y a dos sindicatos, CC.OO y UGT. No olvidemos que en el mismo acto, la juez ha imputado a dos dirigentes de Comisiones Obreras en el sector del metal (Enrique Manuel Jiménez y Juan Antonio Caravaca) y a los responsables de cinco empresas (Acyco, Río Grande, Calderinox, Surcolor y Aglomerados Morell). Dicho de otro modo, esto es ya un trozo de la tela de araña que el régimen andaluz ha tejido para mantenerse en el poder durante treinta años.
Y el bosquecillo de la juez no acaba aquí. Además, ha metido mano a los responsables de las consultoras que se han llevado casi doscientos millones de euros del fondo de reptiles en comisiones no sabemos a cambio de qué. Por si fuera poco, ha imputado a siete empresarios por su presunta implicación en la trama como Encarnación Poto, de Acyco, Luis y Jorge Andrés Morell, de Aglomerados Morell. Y para colofón, ha imputado a abogados de un despacho sevillano muy vinculado al PSOE, Estudios Villasís, y al Bufete Garrigues.
Estamos, no ante la imputación de un director general, sino ante la liberación de una juez a la que, por vez primera, alienta y no presiona la Fiscalía -Torres Dulce es un regalo para los ciudadanos-, y ante la evidencia de que el régimen que lidera el PSOE andaluz, junto con sindicatos y un sector de empresarios, está de lleno involucrado en esta trama de los ERE. Lo de este viernes es algo más que la imputación de un director general: es la confirmación de que la juez Alaya, las acusaciones particulares y la Fiscalía (que incluso ha pedido documentos de relieve) están por la labor de clarificar a dónde ha ido el dinero de los parados andaluces, quién se lo ha llevado, quién lo ha permitido y quién lo ha gestionado.
Y el coro de las brujas exclama: "Cuando el bosque de Alaya se mueva hacia San Telmo..."
Pues ya está en las puertas.