Según la encuesta dada a conocer por la Cátedra Unesco de la Universidad de Málaga, un 86,5 por ciento de los directores de prensa reciben presiones a la hora de determinar sus contenidos, o su agenda, como cursimente se dice ahora. La evidencia que refleja esta encuesta a lo largo de los últimos 20 años es que se intensifican estas presiones cuando se ejercen desde los ámbitos "institucionales". ¿Y qué quiere decir eso? Pues que desde organizaciones públicas que tienen dinero para gastar en publicidad en los diferentes medios de comunicación la presión es mayor y que, al parecer, sitúan el dinero público del que disponen aquí y acá, allá y acullá, según son sus creencias e ideologías antes que según criterios objetivos como son número de lectores o ejemplares vendidos.
Lo natural, lo normal en una democracia sana es que, pongamos por caso, si la Presidencia de la Junta de Andalucía que regimenta el señor Chaves quiere anunciar algo importante, lo haga en todos los medios de comunicación existentes en la Comunidad Autónoma andaluza. El dinero público no es del PSOE, ni del señor Chaves. El dinero público es del público y si el público es quien debe enterarse de alguna información relevante, lo más natural es que cuantos más medios de comunicación publiquen ese anuncio institucional, más público, más ciudadanos serán receptores del mensaje y mejor servicio público se prestará.
¿En qué proporción? Pues bien sencillo que es habiendo las mediciones objetivas que hay, especialmente en el caso de la prensa escrita. También existen esos sistemas de medición en radios y televisiones, si bien no tan rigurosamente diseñados como en el caso de la prensa. Si lo que se quiere es hacer lo correcto, nada mejor que tomar el dinero del presupuesto destinado a la publicidad institucional, algo que debe ser ocasional y motivado por razones de peso y no una insana costumbre más vinculada al autobombo político que a la información veraz a la gente, y distribuirlo proporcionalmente según lectores, oyentes, espectadores y entradas en los portales web.
Nada de eso se hace. Es más, se hace lo contrario. Se hace consciente y deliberadamente lo contrario usando el dinero público en beneficio de amigos y correligionarios. Por ejemplo, y lo decíamos no hace mucho en una crónica, Chaves retiró del reparto de la publicidad al diario ABC de Sevilla cuando le molestaron algunas de las noticias y opiniones que se vertieron en sus páginas. Nada de respeto a las reglas democráticas. Nada de respeto a las reglas de la publicidad básica, alcanzar el máximo de impacto por personas. No, no. No le gustaba al señor Chaves la línea del periódico y le quitó la publicidad. Rosa Aguilar hizo lo propio, hace mucho menos, en Córdoba cuando la edición local del ABC informó al público de un caso de corrupción policial local, que no sólo en Coslada cuecen habas aunque estás sean gordas y muchas.
El propio Manuel Chaves, desde la consejería que dirige su mamporrero Zarrías y otros que juegan a lo mismo, ha condicionado durante años la lectura de la prensa en los centros de educación por haber beneficiado especialmente a los de la "cuerda". Para no alejarnos en el tiempo, tomemos como referencia una de las resoluciones de la Consejería de Educación en las que se privilegia descaradamente al diario El País. Según la relativa al 24 de marzo de 2008, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día 8 de abril de este mismo año, se concede a la entidad Diario El País, SL la cantidad de 300.000 euros, unos 50 millones de las viejas pesetas, para, textualmente, "difusión de «El Diario El País» en los Centros Públicos de Educación Secundaria y de Adultos de las ocho provincias andaluzas". Nada de eso se hace con el ABC ni con El Mundo, que sepamos. Ni con La Razón. Tan es así, que el PP ha llevado a su programa electoral el que los centros públicos cuenten con todas las cabeceras de relevancia de las provincias respectivas.
Imaginen lo que puede pasar en los grandes grupos de comunicación cuando alguien de la Junta próximo al poder fetén descuelga un teléfono y pregunta por ese reportaje "incómodo", por el autor de aquella crónica "molesta" o por la identidad de quiénes han desarrollado una investigación que afecta a los intereses de los todopoderosos socialistas del régimen.
Para que se vayan haciendo una idea, en este régimen del Sur, la Junta maneja una guita interminable. Si se cuenta a sus empresas públicas, la Junta sería la mayor anunciante de Andalucía. Según el Estudio sobre Inversión Publicitaria en la Comunidad de Andalucía, correspondiente al año 2006 y presentado a finales de octubre de 2007 por InfoAdex, empresa dedicada al control y la investigación del sector publicitario, la Junta figura, junto con Turismo Andaluz, entre los cinco mayores anunciantes de la comunidad, sólo superados, al unir sus inversiones, por Heineken España, entendida en este estudio como empresa andaluza al tener su domicilio social en Sevilla.
En concreto, en el año 2006 la Junta invirtió, según este informe, 7 millones de euros en publicidad, un 24,2% más que el pasado año 2005. Sumados a los 8,1 millones invertidos por Turismo Andaluz (un 25,7% menos) y los 1,8 millones de euros gastados por Canal Sur (un 38,3% más que en 2005), la inversión publicitaria de la Administración autonómica analizada por este estudio ascendió el pasado año a 16,9 millones de euros. Hay que tener en dienta, en todo caso, que el estudio realizado por lnfoAdex no contabiliza como inversión publicitaria de la Junta la experimentada por el resto de empresas públicas dependientes del Gobierno andaluz, ni tampoco aplica su análisis a todos los medios y soportes de comunicación, sino sólo a los que están acogidos a su ámbito de control.
O sea, la leche.
Ring, ring. Es de parte de la Junta. Algo sobre un artículo, sobre un periodista, sobre un titular... Entonces, de la libertad de expresión ni hablamos, ¿no?