El futuro de España reside en cómo se resuelva la cuestión de si unos españoles son más iguales que otros o no. Habrá que saber, de una vez, si lo que hay detrás de los espectáculos nacionalistas es realmente una aspiración a la independencia en serio o si lo que la verdad esconde es la voluntad de consolidar y extender unos fueros o privilegios que divida a España en dos partes: Cataluña y País Vasco, por un lado, y el resto de España por otro. Una nación seria no puede tolerar que haya en su seno desigualdades, algo que venimos soportando desde 1978 con determinados fueros que nunca debieron ser constitucionalmente amparados. Ni siquiera en las Constituciones más republicanas, e incluso federales, está presente la desigualdad de los ciudadanos españoles según sea el territorio en que vivan. Pueden tolerarse diferencias, pero no desigualdades ni diferencias de trato. Ese es el límite. Claro que la España que vivimos no es una nación seria.
En el proyecto de Constitución federal de 1873, la soberanía nacional residía en todos los ciudadanos españoles sin distinción y cuando se produjera algún desacato o menoscabo de los derechos generales de la sociedad, tenía previsto el restablecimiento de la ley por medio de la fuerza. Por cierto, el Estado se reservaba, entre otras muchas cosas igualmente importantes, las competencias de la sanidad y de la educación superior en todo el territorio nacional. En la Constitución de la II República, se decía con tanta claridad como la de su artículo 17 donde ni siquiera se admitía la diferencia de trato con los demás españoles en las regiones autónomas. Ni siquiera en lengua ni en educación.
La pregunta hay que hacerla al PP –porque el ministro Margallo ha sembrado de dudas a su electorado– y directa y especialmente al PSOE, al de Pedro Sánchez y al de Susana Díaz, si es que hay dos almas en su deriva hacia nadie sabe qué parte. Uno, él, habla abiertamente de federalismo (ya en sí mismo una desfiguración histórica) pero nadie sabe de qué tipo y la otra se ciñe a una unidad de España que no concreta ni perfila ni define. Esto es, ¿estamos hablando de un federalismo asimétrico, con privilegios fiscales y económicos, con competencias sólo admisibles por un Estado nacional y con diferencias de trato respecto a los demás ciudadanos españoles, ciudadanos de segunda? Esto es lo que querían los socialistas catalanes en tiempos de Maragall y propició irresponsable y especialmente el ex presidente Zapatero.
¿Esto es lo que defiende de verdad Pedro Sánchez a pesar de su insistencia en envolverse en la bandera de España en actos públicos? ¿Susana Díaz está de acuerdo con ello sabiendo que ello significaría la traición más grave al resto de España, comprendida su tierra andaluza, perpetrada jamás por un partido político que tiene la E de España en sus siglas? El resto de España, al que pertenezco desde Andalucía, tiene derecho a saber con claridad y exactitud qué es lo que se va a hacer después del día 20 de diciembre de 2015. ¿Una España asimétrica con ciudadanos desiguales en derechos y deberes según dónde vivan o una nación de iguales con diferencias naturales pero no con privilegios ni conculcación de derechos ni deberes?
Esto ha llegado ya demasiado lejos. Esta Nación, toda ella, tiene derecho a saber a qué atenerse de una vez para siempre. El PP, que también se ha aliado con el nacionalismo y consentido sus desmanes, pero muy especialmente el PSOE, que nos tiene acostumbrados a pactar lo que sea y con quien sea con tal de gobernar (qué vergúenza de Montilla, ese felón andaluz), tienen que decir de una vez qué pasará con ese resto de España que lleva sufriendo atónito la deslealtad de sus gobernantes y la humillación de la tiranía de unas minorías. El cuento de nunca acabar de las concesiones al separatismo y sus chantajes se tiene que acabar de una puñetera vez.