Cuando la mayor parte del tiempo de los informativos de todos los medios de comunicación se dedican al golpismo separatista catalán, la manifestación de un nutrido grupo de extremeños en Madrid pidiendo un tren, no ya un AVE, sino al menos un tren digno para su tierra que les acerque a Madrid y a Lisboa, me ha devuelto el ánimo político. Yo que tengo en mis genes un fleco extremeño, junto a otros –vasco, sevillano y murciano-valenciano–, me he sentido reconfortado por ver que, en esa región de donde, como recordó en su día Sánchez Dragó, ha fluido la historia de España como de un manantial, se dispone todavía de vitalidad política para hacer causa común por el bien general.
Los separatistas catalanes no tienen ni idea del sufrimiento de otras regiones de España a causa de los injustos privilegios catalanes. En un reciente libro se ha dicho que son trecientos los años durante los que los mercaderes catalanes se han lucrado obteniendo regalías sobre las demás regiones de España. Juan Velarde lo sabía y lo esbozó, lastimosamente sin desarrollarlo nunca. Otros muchos lo denunciaron. El diputado por Almería José de Espronceda, extremeño de Almendralejo, lo describió con todo lujo de detalles en las Cortes Españolas poco antes de morir ¡en 1842!
En aquellos trenes viejos, lentos, rosarios de pobreza, lograron salir de sus provincias decenas de miles de extremeños para forjarse un futuro en Cataluña y otras regiones de España. Todos ellos fueron, con andaluces, gallegos, murcianos y castellanos, emigrantes a la fuerza que escapaban de la escasez, y, dicho sea en general y con las excepciones que correspondan, fueron severamente maltratados por una casta catalana que se sentía, y se siente, superior a los ciudadanos del resto de España. Sólo hay que recordar aquellas injurias de Jordi Pujol sobre los andaluces, intoxicadas por un racismo social intolerable. Es más, han tenido la osadía de decir que los demás españoles les robamos. Es el colmo.
Pero lo cierto es que el resto de España, de Galicia a Murcia, pasando por ambas Castillas y llegando hasta Canarias, ha sufrido la infame espera del tren del desarrollo que desde el siglo XIX llegaba con generosidad a País Vasco y Cataluña gracias a decisiones de los grupos de poder nacionales poco explicadas y explicables. Ha sido a partir de la Constitución de 1978 y del manifiestamente mejorable Estado de las Autonomías cuando las demás regiones españolas han tomado conciencia de la necesidad de un trato equitativo de inversiones para hacer posible la igualdad real de oportunidades entre los españoles, vivamos donde vivamos.
Si el tren digno de Extremadura es una reivindicación justa y necesaria, es preciso que el resto de España se apreste a no perder otros trenes en el inmediato futuro. Sobre todo, ese importante AVE de la equidad territorial cuyas vías fueron colocadas constitucionalmente sin que su locomotora se haya puesto en marcha debido a las presiones del separatismo y los intereses mezquinos de los partidos. Es este el tren, además de otros, que debemos exigir y que no debemos dejar pasar nunca más.