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Corrupción en Andalucía

Enchufismo socialista

Escribió Albert Camus en aquella obra autobiográfica que tituló El primer hombre que llamar "enchufado" a alguien debía ser considerado un insulto. Y no arremeter contra quien profiriera tal acusación un deshonor, una falta de dignidad, una vergüenza. Sus palabras fueron: "En efecto, aceptar semejante insulto sin reaccionar era perder el honor". Camus, un existencialista de bien con el punto de vista puesto en las personas concretas e individuales más que en las colectividades, como es natural en los defensores de la libertad, analizaba agudamente. En efecto, que alguien llame "enchufado" a otro es un insulto porque ser "enchufado" implica que se está desempeñando un trabajo, un papel, una función que no se corresponde con los méritos y capacidades propias sino con algo externo: las influencias ejercidas por un poder próximo. Dicho en términos existencialistas, el enchufado no es ni puede ser alguien auténtico porque, de hecho, está usurpando la vida que correspondería en buena lid a otro dotado de los valores adecuados y que queda reducido al exilio social por tal despojo. Sí. Personalmente, aceptar ser enchufado es una vergüenza. Puede haber necesidad extrema, circunstancias atenuantes...Todo lo que se quiera, pero sigue siendo una vergüenza que debe ser eliminada cuanto antes.

Pero cuando el discurso político tiene que ver con la igualdad y la justicia y lo que se observa es la generalizada perversión del enchufe, es que hay una gran hipocresía y una inmensa degeneración ética. El socialismo como doctrina siempre hizo mucho más hincapié en la justicia que en la libertad a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del XX. Pero la justicia es dar a cada uno lo suyo, no lo que es de otro. La igualdad es, salvo que se crea estúpidamente en la igualdad total, la igualdad de oportunidades. Y son tanto la justicia como la igualdad los valores que son fulminados por las prácticas corruptas de los partidos que, sean quienes sean, entregan a quien no disponen de los méritos y capacidades exigibles los puestos a cubrir. Tal práctica, una costumbre casi en la sociedad en la que vivimos, debería ser moralmente condenada, muy especialmente por los sindicatos y asociaciones partidarias de la igualdad y la justicia. Pero no sólo no ocurre así, sino que son los propios sindicatos los que han pervertido sus comportamientos, tal y como lo demuestran los acontecimientos del pasado jueves en Sevilla.

Ocurrió en la Diputación Provincial de Sevilla, una institución, no un chiringuito, que el PSOE gobierna desde 1979, casi 30 años. Cuando un funcionario presentó el informe de gestión correspondiente, la oposición observó que el personal había pasado de los 2.316 empleados a los 2.713 en sólo un año y habiéndose producido tan sólo 51 bajas de funcionarios. 393 incorporaciones sin control alguno, sin pruebas públicas y sin conocimiento de los miles de jóvenes y menos jóvenes que con sus estudios y carreras terminadas esperan de la igualdad democrática de oportunidades una tabla de salvación para construir un proyecto libre y propio de vida. Pero no se les ha informado, no se puesto en marcha el correspondiente concurso público ni la correspondiente oposición. Frente al funcionario que debe aportar un certificado oficial de méritos y capacidades, se prefiere lo que se llama personal laboral, fijo o contratado. En el informe oficial se comprobó que se redujo el número de funcionarios, que pasó de 873 en 2006 a 822 en 2007, pero se incrementaron sustancialmente tanto el número de personal laboral fijo, que pasó de ser 890 a 1.099 empleados, como el de laboral contratado, que en 2007 alcanzó los 695 contratos frente a los 457 del año anterior. Por lo que respecta al personal eventual, en el que se incluyen los cargos de confianza, sólo se incrementó en una persona, hasta alcanzar las 97.

Es decir, hay personas que logran quedarse fijos en la plantilla de la Diputación de Sevilla sin tener la preparación exquisita del funcionario. Ni siquiera tienen la preparación exigida en un concurso público en el que hayan podido competir limpiamente con otras personas que tienen el mismo derecho que ellos a la obtención de las plazas y que, sin embargo, no fueron informadas de su existencia ni del proceso de adjudicación. Es más, en las explicaciones aportadas por los responsables políticos del Partido Socialista, singularmente la de su presidente Fernando Rodríguez Villalobos, se encuentra una que subraya que estos trabajadores han entrado mediante procesos de selección "consensuados con los sindicatos", planes y programas de empleo, reconociendo que tales empleos han sido ocupados sin conocimiento del público. Pero, ¿y la justicia y la igualdad de oportunidades que exige la más mínima decencia democrática?

O sea, que los sindicatos hegemónicos en la Diputación de Sevilla, sobre todo UGT, se pusieron de acuerdo con la presidencia del organismo para convocar pruebas de selección opacas y en realidad privadas, no públicas. ¿Y quién puede garantizar que tales pruebas no beneficiaban personal o familiarmente a los miembros de dichos sindicatos o a los de los miembros del partido político socio de la operación? ¿Qué clase de control democrático y qué clase de control meramente profesional y académico han existido en estas pruebas? ¿Cómo es que el principal partido de la oposición ni siquiera fue informado de este rosario de incorporaciones oscuras a las plantillas de la Diputación y cómo es que tales cosas pueden ocurrir legalmente?

El jefe del socialismo andaluz, Manuel Chaves, ha reconocido en sede parlamentaria la existencia de al menos 5.000 cargos designados a dedo en la Junta de Andalucía. Pero no estamos hablando de los nombramientos "digitales" de un gobierno, que pueden estar más o menos justificados y ser más o menos excesivos, como parece el caso. Con esta operación descubierta en la Diputación de Sevilla estamos hablando de un proceso de incorporación a dedo en las Administraciones Públicas de cientos de personas que en la Junta de Andalucía (que recuérdese que no convocó oposiciones hasta 1990 aunque empezó a constituirse en 1979) podrían llegar a ser miles. ¿Qué ha ocurrido en la administración autonómica de Andalucía desde 1979 y cuántos nombramientos a dedo consolidaron su posición legalmente a posteriori por disposiciones de la Junta? ¿Qué ha ocurrido en las ocho diputaciones provinciales controladas por el PSOE casi totalmente desde 1979? ¿Qué ha ocurrido en los más de 500 ayuntamientos que el PSOE ha controlado por mayoría absoluta desde 1979? ¿Qué ha sucedido en los concursos, oposiciones y pruebas de acceso cuando los ha habido? ¿Con qué publicidad y conocimiento de la oposición se han hecho?

Cuando uno piensa en que el propio presidente de la Junta tiene a varios hermanos colocados en la Junta, primero a dedo y consolidados posteriormente para disponer de la ración adecuada de legalidad, ¿qué habrá pasado en Andalucía desde 1979? ¿Cómo es que los sindicatos, organizaciones ciudadanas, los defensores de los derechos humanos y de la igualdad de oportunidades, han callado durante años y años tal situación? ¿Qué clase de respeto por la propia dignidad tienen todos estos enchufados y qué respeto y consideración tienen sobre los principios básicos de la democracia? Ah, la democracia. Aquí, y es una hipótesis, no se ha querido construir una democracia sana y liberal sino un régimen de poder despótico en cuya edificación era esencial la ocupación partidista de las Administraciones Públicas. ¿Es que hay alguna otra teoría que concuerde esencialmente con los hechos?
 

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