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Congreso del PP de Andalucía

O cambio o cataclismo

Este fin de semana ha tenido lugar en Córdoba el XII Congreso del PP de Andalucía. En plena crisis económica, en un momento de sufrimiento social con precedentes dramáticos en la Andalucía de 1994 a 1996, en la que el paro ascendió hasta el 33 por ciento de la población activa y en unas circunstancias bien desfavorables para el clan oligárquico socialista que dirige Manuel Chaves –el contubernio-engaño de la deuda histórica para salvarle la cara a Zapatero en Cataluña es indignante incluso para los socialistas de bien que hay en la penumbra–, Javier Arenas y el equipo salido de este encuentro tendrán que demostrar que están a la altura de la historia de España y de la historia andaluza. Desde luego, al "campeón" se le acaba el tiempo. De no ganar las elecciones andaluzas en 2012, deberá poner fin a esta etapa de su vida política.

Pero no es asunto de ambiciones legítimas personales de lo que se trata en este Congreso. O no debe serlo. En Andalucía, desde 1979, el PSOE ha desempeñado un papel preponderante tanto en los ayuntamientos como las diputaciones como, luego, en la Junta de Andalucía. La situación económica frustrante heredada de un franquismo incapaz de desairar, incluso entonces, a los poderosos catalanes y vascos, era paupérrima y se agravó notablemente con la crisis del petróleo. Antonio Burgos puedo escribir su libro Andalucía, ¿Tercer Mundo? porque la realidad social y económica de Andalucía era más cercana al Tercer Mundo de entonces que a la de las regiones privilegiadas por el inmoral proteccionismo del siglo XIX y del siglo XX, que acabó con el incipiente desarrollo andaluz antes, durante y ahora.

La ausencia de democracia, una democracia donde el peso andaluz se suponía sería mucho mayor dado su poderío demográfico en España, y la deserción de las clases poderosas de la tierra y el dinero, siempre sentados en los consejos de administración de Madrid, puso en bandeja al PSOE el triunfo en Andalucía cuando tuvo la primera oportunidad. A la inyección del dinero de la socialdemocracia alemana, que le ayudó a laminar a la oposición a su izquierda y a estar presente con medios en la vida política, se unió su aprovechamiento –bien cínico y amoral–, de la estupidez sin límites del andalucismo de Rojas Marcos y de la UCD, incapaces de comprender en qué consistía el fenómeno andaluz, una marea de sentimientos y necesidades que desafiaba con claridad la asimetría predicada por los nacionalismos. De hecho, fue el maremoto político andalucista el que impidió la reedición del modelo de la II República, de autonomías limitadas al País Vasco y Cataluña.

A la victoria del PSOE en los Ayuntamientos en 1979, auxiliado por un PCE que comenzó a perecer por esta propia causa, se unió el Gobierno de la Junta de Andalucía desde 1982 y con el Estatuto de Andalucía de 1981 como referencia. Aquel Estatuto, denominado Estatuto de Carmona, presentaba tres retos esenciales al Gobierno socialista.

a)      Desarrollo económico, social y educativo de Andalucía y reducción de los desequilibrios y diferencias que se sufrían respecto al bienestar ya vivido en otras regiones de España e incluso en su propio interior. Ese era el sentido de la "deuda histórica".

b)      Desarrollo de la autonomía andaluza en su sentido más amplio, de las personas, de los municipios, de la sociedad civil y sus asociaciones y de la Junta de Andalucía.

c)       Desarrollo de la democracia, con sus pilares de control del gobierno, preponderancia del parlamento, transparencia, lucha contra la corrupción, pluralismo en la comunicación...

26 años después, casi 30 si se tienen como referencia las elecciones municipales de 1979, ¿qué ha hecho el PSOE? Sobre todo, construir un régimen hegemónico donde todo, absolutamente todo, pasa por las manos de la oligarquía socialista que domina el partido desde los tiempos de Felipe González y que ha cuajado en torno a un superviviente de la foto de la "tortilla", Manuel Chaves. Con las armas del intervencionismo más feroz, de la descalificación moral del adversario, del uso del dinero público para "domesticar" a los propios y a los ajenos, sobre todo, a empresarios y sindicatos, de la ocupación de la sociedad civil y de su control casi absoluto de la comunicación y de la educación, por poner fin a esta lista que podría ser larga, su precipitado histórico es la deformación de la democracia y su desviación hacia la consolidación de un régimen despótico legitimado por unas urnas a las que ningún partido puede acudir con las mismas oportunidades que el Partido Socialista.

Si la legitimidad que deriva de tales procedimientos es cuando menos dudosa, el PSOE no ha logrado legitimidad alguna de ejercicio. Ni ha sido capaz de promover la convergencia de Andalucía con las regiones más prósperas de España, ni ha resuelto el problema del desarrollo económico y su correlato, el paro, ni ha solucionado el desastre educativo, ni ha corregido los desequilibrios internos de una Andalucía escindida entre costa e interior, entre campo y ciudad, ni la calidad y cantidad de los servicios públicos es comparable a otros zonas de España. Se ha mejorado, claro, pero aún estamos a más de 20 puntos de los niveles medios de bienestar y renta.

La autonomía deseada desde 1977 ha sido convertida en la autonomía exclusiva de la Junta de Andalucía y de su burocracia intensamente politizada al servicio del PSOE. Ni las personas –el subsidio del paro no aporta autonomía, sino dependencia–, ni los municipios, ni la sociedad civil han visto desarrollada su autonomía. Al contrario, su dependencia hacia el Gobierno del señor Chaves, que maneja la mitad de los dineros que circulan por la economía andaluza, es cada vez más acentuada. El PSOE domina más de 500 ayuntamientos de los 770, las ocho diputaciones y la Junta de Andalucía, y desde estas atalayas ha construido una red clientelar sin precedentes, algo vergonzoso para una democracia sana.

La democracia y sus elementos básicos procedentes del liberalismo europeo se han visto sustituidos por lo que ya se llama popularmente "régimen". La perversión del concepto de mayoría absoluta e incluso el propio de mayoría electoral –que da derecho a gobernar en función del interés general pero no a ocupar las instituciones, administraciones, empresas públicas y asociaciones ciudadanas–, han tenido como consecuencia la imposibilidad de alternancia política a lo largo de todos estos años. Siendo la alternancia, como es, la regla de oro de la democracia, la prueba esencial de que una sociedad es democrática, su ausencia en Andalucía plantea muchos interrogantes acerca de qué se ha querido edificar en Andalucía, si una democracia u otra cosa.

El Partido Popular de Andalucía debe ganar las elecciones de 2012. Pero ganar esas elecciones exige revisar su estrategia política y electoral de manera casi absoluta. Ciertamente, es un chascarrillo lo que cuenta el PSOE de que si el PP no gana es porque ni sabe ni quiere, es decir, porque es manifiestamente inferior. La dominación del PSOE es tal que es muy difícil que ni el PP ni nadie gane unas elecciones en Andalucía a menos que reflexione profundamente sobre qué clase de situación hay en Andalucía y cuál es el procedimiento más adecuado y moral –es decir, sin incurrir en los desmanes del adversario– para convencer a los ciudadanos y ciudadanas andaluces de la necesidad y de la urgencia del cambio.

Y luego, que no se olvide, está la definición de ese cambio. ¿Qué cambio propone? ¿Con qué ilusión lo predica? ¿Con qué hombres y mujeres lo defiende? La historia de España y la historia de Andalucía exigen del PP andaluz un esfuerzo descomunal. En España podrá haber un nuevo Gobierno que nos haga olvidar estas legislaturas del absurdo de Zapatero, si el PP andaluz es capaz de penetrar en el vallado socialista y derribar el granero de votos anclados en la paradoja de la satisfacción que consiste en estar satisfechos de vivir entre las últimas regiones de España y Europa, cegados por la propaganda socialista. Rajoy necesita a Javier Arenas y lo necesita mucho.

Pero Andalucía también necesita y mucho al Partido Popular, que tiene como misión histórica no sólo ganar unas elecciones sino detener un rumbo equivocado que no conduce a una sociedad más abierta, libre y rica sino a la permanencia de un búnker político sin ideas y carcomido por la telarañas tejidas en torno a familias, grupos de interés y baronías provinciales y locales. El PP andaluz tiene que ser el representante de la eficiencia política logrando la convergencia económica, social, educativa y cultural con la Europa democrática, pero además de la necesaria acción económica, debe ser el representante de la ilusión autonómica –de las personas, de los municipios y de las asociaciones ciudadanas– y la representante de los valores más genuinos de la democracia: la moralidad pública, la veracidad, el pluralismo, la crítica, la transparencia, las libertades y las oportunidades. Deberá constituirse, pues, en el referente sentimental del cambio en su más amplio sentido. Y si gana, tener el valor y al tino de aplicar el cambio para que nunca jamás ningún partido, tampoco el Partido Popular, pueda dominar Andalucía como la ha dominado y la domina el PSOE. Esta y no otra es su tarea histórica y a esta altura tienen que estar su dirección y su militancia.

Sólo quedan tres años. O un cambio sereno o un cataclismo impredecible. No hay más.

 

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