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Manifestación

Por qué algunos no irán a Málaga

En cualquier sociedad europea y occidental en la que hubiera una tasa de paro del 22 por ciento, se habrían encendido todas las alarmas. En Estados Unidos andan por el siete por ciento y están absolutamente consternados. En Europa, con una tasa de paro mucho más baja que la española y que la andaluza, andan de cabeza con la crisis. Teóricamente, empresarios y sindicatos, deberían poner el grito en el cielo al observar cómo se desmorona una economía mientras el presidente del gobierno dice que no pasa nada y que estamos en mejor posición que nadie. Pero no. En Andalucía se ha impuesto la ley del silencio según la cual no puede decirse lo que no debe decirse o se teme decir y, como decía el filósofo, de lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse. Y además, hay una situación de emergencia política y social por la desfachatez de un régimen pagado con los dineros de todos y que solo beneficia a un partido y a su red de satélites.

Resulta que ha tenido que ser la oposición política representada en exclusiva por el Partido Popular –andalucistas y comunistas de IU han sido pilares del régimen de Chaves en uno u otro momento histórico–, la que ha hecho hincapié en la emergencia andaluza y decidió convocar una manifestación social y cívica por el empleo y por lograr un gran pacto por el empleo que reforme esencialmente la marcha actual y aporte esperanzas a los andaluces. Pero ya sabemos que algunos no irán a la manifestación y vamos sabiendo por qué.

El primer gran por qué reside en la falta de autonomía de las organizaciones sociales. Decían los trabajadores de la Primera Internacional en el Londres de 1864 que "la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será". Ese era el principio fundamental del sindicalismo, un sindicalismo nacido de la unión del respeto a la profesión y a la propia ciudadanía, un sindicalismo que hubiera sido un instrumento potentísimo para pesar en las decisiones políticas y sociales si no se hubiera entregado el poder específico que tienen los asalariados a las ambiciones de los partidos de la izquierda. Y esto es lo que sigue habiendo hoy: cúpulas sindicales que están dirigidas por un pensamiento de izquierdas –no así las bases– y que están mediatizados por los partidos de izquierda.

Igualmente, los empresarios tienen todo el derecho a defender sus intereses. Durante dos décadas, el socialismo triunfante en Andalucía, con las muletas de IU o el PA, arrinconó a los empresarios acusándolos de ser el elemento explotador, el elemento antisocial, el comando antiandaluz... A la tercera década de poder, comprendiendo que sin empresarios –llamados "emprendedores" por los vendedores de baratijas ideológicas–, no se podrá desarrollar nunca una tierra preterida como Andalucía, comenzaron a acercarse a los empresarios con el objetivo, hoy se sabe con claridad, de suplantarlos, de penetrar su tejido social con empresas creadas al calor del dinero público y/o controladas por el dinero público. Ya que el tinglao no se mantiene sin empresarios, parecen decirse, sometamos a los empresarios y convirtámonos en empresarios. Poco a poco, desde el poder de las Cajas de Ahorros a los poderes de los presupuestos regionales, provinciales y municipales, fueron interviniendo crecientemente en la vida empresarial.

Pero la autonomía, además, consiste en poder gobernarse a sí mismo. El más grande instrumento de dominación concebido por Manuel Chaves y su equipo han sido los Acuerdos de Concertación Social, que ha tenido otros nombres. Según tales acuerdos, el Ejecutivo andaluz suelta una pasta inmensa con el objetivo –dicen–, de fomentar y mantener el empleo y el desarrollo andaluces. Pero de hecho, estos acuerdos y sus telas del telón han hecho que empresarios y sindicatos se aventurasen en una serie de contrataciones y en la adquisición de capital fijo destinados todos ellos al fortalecimiento de sus equipos dirigentes. Si en cuatro años, las organizaciones sindicales mayoritarias y la CEA han recibido 425 millones de euros, esto es, 70.714 millones de pesetas, ¿cuánto han recibido desde el comienzo de la concertación inaugurada en Andalucía por Manuel Chaves? ¿2.000 millones de euros? ¿1.500? Y, ¿cuánto recibieron en el resto de España? ¿Y cuánto de las Diputaciones y Ayuntamientos? ¿Y cuánto recibieron sus fundaciones y organizaciones anexas?

Dado que las cuotas no pueden aspirar ni en sueños a sostener estos inmensos poderíos burocráticos, ¿quién se atreverá a elegir un secretario general o un presidente hostil a las disposiciones de Manuel Chaves? Sería bastante incómodo. De hecho, ha sido lamentable comprobar cómo mientras Andalucía enfermaba de paro profundo y de crisis vertiginosa, sindicatos y empresarios andaluces sólo han pensado en mendigar el VII Acuerdo de Concertación Social. Es natural. O más dinero o acaban en suspensión de pagos. Ya no pueden vivir sin los dineros que se desprenderán del bolsillo del capo del régimen, esa oferta que ya no pueden rechazar.

Es más, ¿aguantarán UGT, CCOO y la CEA una fiscalización sistemática y rigurosa de la Cámara de Cuentas del dinero gastado en estos últimos 20 años? ¿Soportarán un examen en el que se pregunte por el número de empleos creados realmente con todo este dinero? El precedente de 37 millones empleados por la Junta en crear empleo sin crear ninguno pesa como una losa pesimista sobre nuestro juicio.

Están "trincados", "cogidos" en una trampa política y económica que es posible que haya hecho ricos a algunos –todo se irá viendo–, y que es posible que haya contribuido a consolidar grupos de poder aparentemente inexpugnables en las tres organizaciones, gestores de un dinero público ingente. Pero ni pueden aspirar a defender con autonomía los intereses legítimos de trabajadores y empresarios ni pueden despegarse del futuro del régimen porque ellos son los pilares básicos del régimen instituido por Manuel Chaves y el PSOE en una Andalucía que no sale de pobre ni saldrá nunca con este tipo de gobierno.

Pero ni los trabajadores son de nadie, ni el dinero público es del PSOE, ni las burocracias estofadas con miles de millones lo pueden todo. Andalucía necesita una serie de profundas reformas si quiere seguir recorriendo caminos democráticos antes que despóticos. Esas reformas comienzan el domingo en Málaga, la primera vez que el Partido Popular, el centro derecha español toma conciencia de que los trabajadores, los empleados públicos y privados, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios son tan suyos como de cualquiera y que es necesario hablar de ellos, hablar con ellos y luchar por ellos.

¿Que por qué algunos no irán a la manifestación de Málaga y han hecho y hacen todo lo posible por que vayan los menos posibles? Pues eso. Y por eso, hay que ir. Es un derecho y un deber.
 
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