Desde que en el siglo XIX se instaura el Estado constitucional y la responsabilidad de los gobernantes por sus actos ante las Cortes, los tribunales y la opinión pública, los Borbones más tarambanas han tenido que aguantar que sus asuntos más íntimos se ventilasen en público.
Dos ejemplos. Aunque los regímenes autoritarios de España y Portugal ocultaron el homicidio de Alfonso de Borbón por su hermano Juan Carlos, ocurrido en Estoril en 1956, y no hubo investigación judicial, la muerte se supo y la familia tuvo que dar alguna explicación. Y después de que el general Franco ordenase el abono de la asignación anual a la ex reina Victoria Eugenia, un procurador en las Cortes, Agatángelo Soler, solía preguntar por su cuantía y su justificación.
Mucho antes, las reclamaciones de dos hijos bastardos de Alfonso XII (1874-1885) llegaron hasta el Tribunal Supremo y con un presidente de la I República como abogado.
Elena Sanz, mantenida del rey
Uno de los cortesanos más célebres de la España de la Restauración fue José Isidro Osorio, duque de Sesto y marqués de Alcañices, que dedicó su fortuna a sostener en el exilio a la reina Isabel II y a su heredero, el príncipe Alfonso, a la vez que a promover la causa monárquica. Entre sus servicios al rey Alfonso estuvo el de organizarle correrías y presentarle damas dispuestas a entretenerle, motivos por los que la reina María Cristina de Habsburgo le detestaba.
De entre todas las cortesanas que Alfonso XII conoció, una alcanzó su corazón: la cantante lírica Elena Sanz y Martínez de Arizala (Castellón, 1849 - París, 1898). Sin embargo, quien se la presentó y le insistió en que la retirase fue Isabel II.
Elena Sanz, que ya tenía un hijo, llamado Jorge, con Alfonso XII, concibió otros dos: Alfonso y Fernando, nacidos respectivamente en 1880 y 1881. La segunda esposa del rey dio a luz a Alfonso XIII en 1886, después de dos niñas, María de las Mercedes y María Teresa.
Ricardo de la Cierva, que ha estudiado este romance (La otra vida de Alfonso XII), afirma que el rey retiró a la cantante y le pasó una pensión de más de 60.000 pesetas anuales, cantidad que era inferior a la que ella ganaba como cantante.
La fortuna de un chantaje
A la muerte del monarca, la pensión se canceló. Además, Alfonso había fallecido sin testar y no había apartado nada para su amor secreto. Elena necesitaba dinero para mantener su tren de vida y a sus tres hijos. Para negociar con la Casa Real recurrió al abogado Nicolás Salmerón, uno de los cuatro presidentes de la I República. Lo que ofrecía como prenda era una serie de 110 cartas de puño y letra de Alfonso de Borbón en las que quedaba clara, según Salmerón, la paternidad de los dos hijos citados de Elena Sanz.
El intendente de la Real Casa, Fermín Abella, llegó a un acuerdo con Salmerón. En 1886, a los pocos meses de la muerte de su protector, doña Elena recibió 750.000 pesetas, cantidad que De la Cierva calcula que equivaldría a 1.500 millones de pesetas del año 2000. De esa suma, 500.000 pesetas se destinaron a un fondo en París para sus hijos, que recibirían al llegar a la mayoría de edad.
Sin embargo, el administrador del fondo, el banquero Prudencio Ibáñez Vega, actuó con negligencia y realizó operaciones financieras que resultaron ruinosas. Además, tanto Elena Sanz como sus hijos eran derrochadores. En 1903 los hermanos Alfonso y Fernando Sanz, que vivían en París, estaban arruinados y demandaron por estafa a Ibáñez Vega. El intendente de la Real Casa, el marqués de Borja, hijo de Abella,
no reaccionaba ante las reclamaciones paralelas que se le dirigían, no explicaba nada.
De todas maneras, hubo un acuerdo: los hermanos Sanz retiraron la demanda a cambio de 300.000 francos. Pero de esta cantidad sólo cobraron 72.000, ya que los otros correspondían a acciones sin valor.
En 1906 Salmerón, "indignado por el giro que [iba] tomando el asunto, sugiere a los hermanos Sanz que interpongan una demanda en España ante el Tribunal Supremo", en la que reclamaban su reconocimiento como hijos de Alfonso XII, el uso del apellido Borbón y la concesión de las rentas pertinentes a su nueva posición.
La reina madre María Cristina y el rey Alfonso XIII, que había sido proclamado como tal en 1902, se negaron a ningún nuevo acuerdo y aceptaron que se abriese juicio en el Tribunal Supremo. Por consejo de Salmerón, los Sanz contrataron como abogado a otro político republicano: Melquíades Álvarez (asesinado por las izquierdas en 1936).
Los reyes no pueden tomar como barraganas a las juglaresas
En la primavera de 1907 la Sala Primera del Tribunal Supremo convocó a las partes: Alfonso Sanz en su nombre y en el de su hermano contra el marqués de Borja, que representaba a María Cristina, a Alfonso XII y al resto de la Familia Real.
La defensa legal estuvo supervisada por el abogado Eugenio Montero Ríos, cacique gallego que había pasado del republicanismo, de ser ministro a las órdenes de Juan Prim y de Amadeo I, a ser uno de los pilares de la Restauración en el Partido Liberal, y en condición de tal fue de nuevo ministro, presidente del Tribunal Supremo, negociador del Tratado de París con EEUU y presidente del Consejo de Ministros en 1905. Toda una conversión.
El letrado de la parte demandada empleó tres argumentos:
1) Las Leyes de Toro, que prohíben reconocer a otros hijos que los naturales. Según la defensa, los hijos de los reyes españoles fuera del matrimonio tenían la condición de bastardos, por lo que no podían ser reconocidos ni legitimados.
Un argumento peligroso que se puede volver contra la dinastía en cualquier momento. Escribe Ricardo de la Cierva:
Desde el punto de vista histórico, y ante lo indicado en este libro de Historia sobre el auténtico origen de Alfonso XII, que según toda probabilidad no procedía del matrimonio de sus padres, reconozco que me aterra meditar a esa luz este principal argumento de la defensa regia contra los hijos de Elena Sanz.
2) La Constitución de 1876 declara a la persona del rey "sagrada e inviolable" (art. 48). De acuerdo con esta declaración, "el rey no puede tener más hijos que los que le nacen dentro del matrimonio" y no se "consiente la injerencia de seres extraños (sic)".
3) El Código de las Partidas prohíbe a los reyes, nobles y personas de gran linaje tomar como barraganas a siervas, taberneras, regateras, alcahuetas y juglaresas. La pobre Elena Sanz era colocada en la condición de juglaresa.
Además, la defensa rechazó la autenticidad de las copias fotográficas presentadas por los Sanz, así como de retratos dedicados tanto por Isabel II como por Alfonso XII.
Los magistrados del Supremo quedaron deslumbrados por semejante erudición y dieron por vigentes las leyes medievales en el siglo XX y a la misma altura que la Constitución. En consecuencia, rechazaron la demanda de los hermanos Sanz.
La desaparición de los Sanz-Borbón
El historiador De la Cierva concluye explicando cuál fue el destino de los Sanz, despojados de su patrimonio y su apellido.
Alfonso, parecido a su padre, vivió una temporada en España y gustaba de pasearse por las calles de Madrid, causando rumores. Unos años más tarde emigró a México. En esa república vivió tirando del apellido Borbón, que llevaba en la cara y la sangre, y casó con una sobrina de José Limantour, ministro de Hacienda del presidente Porfirio Díaz.
Fernando, parecido a su hermosa madre, aprendió el oficio de mecánico y montó un negocio relacionado con el automóvil en París que le permitió vivir sin apuros.