La ignorancia de la clase dirigente española sobre la historia de la nación que gobierna es profunda como una sima.
Muchos políticos y opinadores sostienen que el concierto económico vasco, modelo del pacto fiscal que han exigido los nacionalistas catalanes de CiU, es parte del derecho foral que proviene de la Edad Media. La realidad es que el concierto es una institución de nuevo cuño, creada por un Gobierno liberal mediante un decreto, que no tiene la menor relación con la foralidad.
En el Sexenio Revolucionario –que los libros de texto escolares ahora denominan Sexenio Democrático– se libraron tres guerras civiles simultáneas: la cantonal, en la costa mediterránea; la carlista, centrada en Vascongadas, Navarra y el Maestrazgo, y la separatista cubana, en la isla caribeña. En febrero de 1876, cuando ya Alfonso XII había sido proclamado rey, se liquidó la carlistada. Los carlistas habían controlado el campo, hasta el punto de que el pretendiente, Carlos de Borbón y Austria-Este, estableció un embrión de Gobierno en Durango y Estella, mientras que las capitales, incluso Pamplona, resistieron los ataques requetés.
En enero de ese año se habían celebrado elecciones a Cortes Constituyentes. La Constitución de 1876 entró en vigor el 30 de junio. En el artículo 3º de la Ley Fundamental se establecía la igualdad absoluta de todos los españoles (con la excepción de Navarra, que seguía con la Ley Paccionada) en cuanto al pago de impuestos y la defensa de la Patria con las armas.
A la promulgación de la Constitución siguió la ley de julio de 1876, que se ha denominado abolitoria de los fueros (derogada por la Constitución de 1978). En dos de sus seis artículos establecía que las diputaciones vascas presentarían los cupos de hombres que se les fijasen al servicio militar (ya se prestaba servicio de armas bajo el Fuero) y pagarían "las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios" que se consignasen en los presupuestos generales del Estado.
Impuestos que pagan los pobres
El Gobierno de Cánovas se encontró con el obstáculo de que no existían en Vascongadas registros de la riqueza, y la imposición de tributos causó un gran malestar, como es lógico, entre todos los vascos, carlistas o no. Para evitar que los facciosos volviesen a encender la guerra y asegurar la recaudación, el Gobierno dictó varios decretos que establecían un régimen provisional, hasta igualarlo con el resto de las provincias. El primero, de 5 de noviembre de 1877.
Se asignaba un cupo en función de un cálculo a la baja de la riqueza existente en las provincias, y luego la fiscalidad era exclusivamente de carácter indirecto. Por ejemplo, la recaudación se ejercía en Vizcaya con recargos sobre el chacolí, el aceite, el vino, la sal y otros bienes de consumo básico; otros impuestos concertados eran las contribuciones de inmuebles rústicos, de comercio e industrial y las rentas de papel sellado. Así, los ricos lograron que la tributación por sus minas, sus palacios, sus astilleros, sus barcos, sus ferrocarriles no sólo fuera menor en comparación con la que gravaba bienes idénticos en el resto del país, sino que todos los vascos, incluidos sus asalariados, colaborasen en el abono de sus rentas.
Las ventajas de los conciertos para la oligarquía local eran inmensas, por lo que ésta los defendía. Javier Ybarra y Bergé, voluntario en las tropas nacionales en 1937 y víctima de ETA en 1977, dijo:
Este concierto reconocía a las Vascongadas una autonomía económica muy beneficiosa, ya que evitaba la intervención directa del Estado a efectos económicos en el país, a cambio de una cantidad cifrada de antemano y que abonaban las diputaciones provinciales al Gobierno.
Por el contrario, Sabino Arana consideraba los conciertos una limosna de Madrid.
El segundo concierto, de 1887, determinó que los cupos tuvieran un carácter definitivo y que el Gobierno oyera a las diputaciones para modificarlos. En el requisito de la audiencia a las diputaciones se basan los foralistas y luego los nacionalistas para sostener el carácter de pacto entre iguales del concierto. El tercero, de 1893, aunque resaltaba la temporalidad del sistema, alargó su vigencia de diez años a doce.
El cuarto Concierto, aprobado en 1907, siguió la misma línea y determinó que la siguiente renovación fuese en 1926; además, los cupos no variaron hasta 1917. La dictadura del general Primo de Rivera aumentó aún más el plazo de vigencia de los conciertos y lo alargó a veinticinco años. José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, escribió que de extenderse estas normas a toda España, el Estado se hundiría.
La corrupción local
Pero la alta burguesía vasca no se limitó a construir un sistema tributario propio; además presionó para obtener todavía más privilegios del Estado, al que se negaba a contribuir. Los grandes empresarios apoyaron todas las políticas proteccionistas y se opusieron a las medidas librecambistas que trataba de aplicar el Partido Liberal. En enero de 1894 se constituyó la Liga Vizcaína de Productores, que actuó de acuerdo con industriales de Santander, Guipúzcoa, Cataluña, Asturias y León para bloquear los tratados de comercio negociados por los liberales que rebajaban los aranceles a los productos provenientes de Francia, Bélgica, Italia y Alemania.
En 1937 el general Franco suprimió los conciertos para Vizcaya y Guipúzcoa, que se restauraron en la democracia con el modelo del alavés. La administración de los impuestos recaudados en sus territorios por las diputaciones vascas no ha evitado de ninguna manera la corrupción. Ha habido casos de funcionarios corruptos que elaboraban listas de contribuyentes exentos y de chantaje a contribuyentes inspeccionados; y los servicios de inspección no han descubierto otros casos que, en cambio, lo hicieron los cuerpos de ámbito nacional.
Como dice Gonzalo Martínez Diez en Fueros sí, pero para todos,
una vez más tras los fueros se oculta únicamente el huevo, el dorado huevo de no pagar impuestos.