El riesgo país se ha incrementado de los 420 puntos que tenía el Perú en Semana Santa a más de 900 durante las Fiestas Patrias, a fines de julio. Y la situación fiscal camina hacia su quinto año de déficit alto. Pese a ello, el Perú destaca como uno de los países latinoamericanos con mayor solidez macroeconómica. Y si además consideramos el potencial crecimiento que podríamos lograr gracias a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA), se deduce que algún papel decoroso deberíamos tener en medio de esta crisis que empaña la región.
Pero no hay razones para ser demasiado optimistas. El Perú requiere de un marco de estabilidad para atraer capitales. El Perú debe procurar generar confianza en el inversionista y, en lugar de ello, le pone trabas, lo asusta, lo espanta. Actualmente, los niveles de inversión privada no llegan ni al 15% del PBI, cuando deberían estar en 25%, lo cual es preocupante porque la brecha es significativa y la tendencia es decreciente. El responsable principal de esta situación es el presidente Alejandro Toledo, quien no se da cuenta de que para que exista inversión privada, nacional o extranjera, tiene que haber confianza. Y para que haya confianza, las privatizaciones y concesiones deberían presentarse como importantes oportunidades para canalizar la inversión privada y, así, promover el crecimiento económico y mejorar la aún precaria infraestructura nacional.
Es cierto que la privatización no es la panacea para resolver todos los problemas económicos, pero sí es un instrumento eficiente que sirve para fomentar la inversión privada y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En particular, de los más pobres. Este aserto, por lo demás, se puede sustentar en cifras. Basta revisar el período que va de 1994 a 1996 en el que la privatización alcanzó en el Perú su mayor apogeo y aceleró el crecimiento, redujo la pobreza, contribuyó a modernizar la infraestructura nacional, fortaleció la capacidad productiva del país, generó empleo y mejoró la calidad y cobertura de los servicios públicos, además de establecer tarifas más competitivas.
No obstante, el régimen toledista ha decidido no privatizar más porque le teme a las manifestaciones. Las privatizaciones no son populares. Es un tema de rating. Es un problema de demagogia. Es un asunto de populismo rancio. Y si a esta patética omisión le añadimos un marco legal inseguro y cambiante, el hecho de que las autoridades políticas arremeten contra los convenios de estabilidad tributaria y los patinazos en materia laboral que inhibirían al empresario más audaz, la película empieza a adquirir toques fellinescos.
Como dijo alguna vez el mordaz Jonathan Swift, algunas personas tienen más cuidado en ocultar su sabiduría que su necedad. Es el caso del presidente Alejandro Toledo, su premier Luis Solari y su ministro de Economía, Javier Silva Ruete.
© AIPE
Pedro Salinas es corresponsal de la agencia AIPE.
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