El problema de las constituciones peruanas, y de otros países latinoamericanos, es que duran poco. Y usualmente se hacen a la medida del gobierno de turno.
Es cierto que las constituciones, como dice el profesor Giovanni Sartori, no hacen milagros. Pero nunca tendremos buenos gobiernos sin buenas constituciones. Las constituciones no son mágicas. Empero, permiten que las instituciones funcionen mejor, protegen a los ciudadanos de los abusos del poder y ofrecen un marco legal para que el país pueda caminar sin mayores sobresaltos.
En este sentido, es importante el esfuerzo realizado por la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional, conformada por un conjunto de juristas de prestigio, todos independientes, quienes han establecido una serie de lineamientos para reformar la constitución.
Los cambios que plantea dicha comisión van desde eliminar la pena de muerte hasta considerar el voto facultativo y el voto para policías y militares en actividad, pasando por el retorno al sistema bicameral, entre otras enmiendas sustantivas y necesarias.
La responsabilidad queda ahora en manos del Congreso entrante. La cuestión es cómo implementar estos cambios. El jurista Jorge Avendaño, uno de los integrantes de la comisión, quien sostiene acertadamente que la constitución de 1993 no debe mantenerse porque fue elaborada para perpetuar a Fujimori, ha señalado varios derroteros tentativos. Primero: declarar nula la constitución de 1993 y reponer, aunque sea por un día, la anterior de 1979. Segundo: aprobar modificaciones a la del 93. Tercero: aprobar modificaciones a la del 79 –que es una especie de complemento del primer camino– creando, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de la Magistratura, instituciones que antes no existían. Cuarto: que esto lo haga el Congreso ordinario que tomará posesión el próximo 28 de julio. Quinto: ya sea el Congreso o una Asamblea Constituyente, que se olvide las constituciones precedentes y se haga una nueva.
Sin embargo, pese a las recomendaciones del grupo de juristas, existen quienes quieren volver, sin mayor trámite, a la obsoleta carta de 1979, de tufillo socialista. Quieren borrar de un plumazo los avances en materia de economía de mercado, que introdujo la de 1993, a la que no hay que mezquinarle sus cosas buenas y positivas.
Ojalá que en esta ocasión acerquemos de una vez por todas el sistema jurídico a la realidad. Ojalá que aprovechemos esta oportunidad que nos ofrece la historia, para diseñar una constitución que dure y, sobretodo, que sea útil. Ojalá que no se nos pase, nuevamente, el tren, que los peruanos ya vamos a parecer idiotas.
© AIPE
Pedro Salinas es corresponsal en Lima de la agencia de prensa AIPE.
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