La denominación de “vieja Europa” dirigida a Francia y Alemania por Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa de Estados Unidos, queda justificada por razón del pacifismo y ánimo colectivista de los gobiernos de esos dos países. Sin embargo, debe extenderse a otros países e instancias, por ejemplo, a la convención Europea que está preparando un Tratado Constitucional con asomos de intervencionismo, bajo la batuta de ese viejo lagarto de Giscard d’Estaign.
La crisis de Irak ha hecho aflorar tensiones soterradas en el seno de la UE. Han aparecido graves diferencias de actitud respecto de EE.UU., evidenciadas por la carta de ocho primeros ministros en el Wall Street Journal, apoyada luego por los candidatos del Pacto de Vilnus. Se ha producido una fractura en el seno de la OTAN, apenas disimulada cuando Alemania, Francia y Bélgica han dado marcha atrás en su negativa a defender a Turquía. Se ha evidenciado así la disconformidad de la mayoría de los países miembros y candidatos con Francia y Alemania por arrogarse, en el antiguo palacio del Rey Sol, el papel de líderes incuestionables de la UE.
Los documentos preparatorios de un Tratado Constitucional publicados por la Convención Europea revelan una intención general de los allí reunidos de repetir a nivel el tipo de socialdemocracia contra la que luchó lady Thatcher. Lejos de pretender un texto formal mínimo, de procedimientos para gobernar la Comunidad, la Convención pretende imponer a la chita callando un determinado modelo social en Europa. El artículo 1 del borrador de Tratado Constitucional proclama que “la Unión obrará en pro de una Europa con desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y en la justicia social, con un mercado único libre y una unión económica y monetaria, persiguiendo el pleno empleo y generando un alto grado de competitividad y un nivel de vida elevado”.
Esta hermosa declaración es contradictoria e inquietante. Un nivel de vida elevado no se alcanza a fuerza de decretos sino que es el resultado espontáneo de la competencia empresarial en un mercado abierto. Asimismo, el pleno empleo no se consigue persiguiéndolo los políticos directamente, sino haciendo lo que Alemania y Francia no quieren, a saber, haciendo flexible el mercado de trabajo. Por otra parte, la competitividad depende de la aparición de determinados incentivos, precisamente los que los retóricos de la justicia social condenan como desequilibrios inaceptables. Ese mismo artículo 1 propone que se aliente “la solidaridad entre generaciones”, un eufemismo para designar las pensiones públicas de reparto y constitucionalizarlas, a pesar de que anuncian quiebra. Entretanto, el derecho de libre empresa y el de propiedad privada no se mencionan en el texto principal y sólo aparecen de refilón en el anexo que contiene la “Carta de derechos fundamentales de la UE”.
Otro ejemplo de buenas intenciones es el Art. 6, que prohíbe “toda discriminación ejercida por razón de nacionalidad”. Nada habría que objetar si se contentara con proclamar la igualdad de todos los europeos ante la ley. Pero redactado así y complementado por la Carta Social de la UE, resultará contraproducente; más aún, visto el Art. 12 del Proyecto, que hace de “la política social y la cohesión económica y social” una “competencia compartida entre la Unión y los Estados”. Cuando los inmigrantes del Este puedan reclamar en Alemania los mismos beneficios sociales que los alemanes, aunque estén sin trabajo, el gasto alemán se multiplicará. La respuesta natural del gobierno alemán será la ya aplicada a los “Länder” de la antigua República Popular: moneda única y subvenciones para fijar la población en el Este. Si además los Estados miembro de Centroeuropa toman medidas para prohibir el llamado "dumping social” (en román paladín, “competencia internacional”) de los miembros más pobres, pueden aparecer varios “Mezzogiorno” a la italiana en los Estado candidatos.
© AIPE
Pedro Schwartz es catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas en la U. A. de Madrid y presidente del Instituto de Estudios del Libre Comercio .
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