El pasado 13 de diciembre, un periodista preguntó al responsable de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, por qué no había sometido a votación el cierre de la Gran Vía. Recordemos que el cierre al tráfico de la Gran Vía se había anunciado escasos días antes y se ejecutó sin que ni Carmena ni ninguno de los suyos se lo consultasen a absolutamente nadie.
Dijo el Sr. Soto entonces que él no estaba de acuerdo con esa posible consulta, porque "los plebiscitos normalmente sirven para legitimar decisiones ya tomadas". Y añadió:
Franco hacía muchos; [en] el plebiscito decide el Gobierno cuándo hacer la pregunta y sobre qué.
Hete aquí, que, dos meses más tarde, Carmena se ha erigido en alumna aventajada de Franco y ha hecho exactamente eso: someter a los madrileños a un plebiscito. Porque no hay ninguna duda de que las votaciones celebradas en Madrid en febrero han servido para hacer aquello que tan certeramente definió Soto: legitimar decisiones ya tomadas.
La decisión sobre peatonalizar la Gran Vía estaba ya tomada. Carmena lleva meses hablando de ella. La votación ha servido estrictamente para legitimarla con una apariencia de participación. Y es que, de las cuatro preguntas al respecto dirigidas a los madrileños, tres usaban el verbo mejorar. Así, se preguntaba si el vecino estaba de acuerdo con "mejorar" algún aspecto de la Gran Vía como, por ejemplo, "mejorar su espacio peatonal". Si estas no son preguntas teledirigidas, que venga Dios y lo vea.
El segundo aspecto de la crítica del Sr. Soto a los plebiscitos franquistas es que el régimen decidía "cuándo hacer la pregunta y sobre qué". Pues ¡como ellos!
Sirva como ejemplo la votación sobre la remodelación de Plaza de España. Los madrileños han podido elegir entre dos opciones, que fueron, a su vez, la tercera y la décima más votadas en la primera fase de votación, celebrada en octubre del año pasado. Estas dos opciones recibieron, respectivamente, 400 y 170 votos. La más votada en esta fase recibió más de 900 votos, pero, curiosamente, no pasó el corte. Aquí, la opinión de la gente se ve que no contó.
Pero hay una decisión sobre la pregunta de Plaza de España incluso más relevante que Carmena tomó previa a la votación y que predeterminó su resultado. Esta fue la de evitar incluir una tercera opción que permitiese al vecino elegir dejar la Plaza de España como está. ¿Por qué hay que cambiar la Plaza de España? ¿Quién lo decidió? Carmena, claro está. Al igual que con la Gran Vía, se ha sometido a votación una cuestión de detalle hurtando a los madrileños el poder de decidir sobre la cuestión de fondo.
Carmena ha demostrado conocer bien el precedente de la votación sobre la remodelación de la Diagonal celebrada en Barcelona en 2010. Entonces sí que se permitió que los vecinos votasen dejar la Diagonal como estaba. Pero, vaya por Dios, el 80% de los votantes optó por esta opción. Este fracaso llevó a la dimisión del promotor de la votación, el primer teniente de alcalde Carles Martí, del PSC. Ni Carmena ni Soto iban a dejar que la votación les costase el puesto. Por eso no dejaron que los vecinos votasen en libertad. Es decir, que pudiesen elegir dejar la plaza como está.
Por otro lado, merece la pena destacar el coste de estas votaciones: más de 1,1 millones de euros. Esto es el doble de lo inicialmente anunciado (hasta 600.000 euros). Carmena ha duplicado el coste de la consulta a base de empapelar Madrid con sus cárteles; no ha habido farola, autobús municipal, radio o sitio web (sobre todo, los de sus afines) que el Ayuntamiento no haya utilizado para promocionar la votación.
El dinero ha sido distribuido con generosidad y no han faltado, por supuesto, contratos para los amigos. Así, por ejemplo, se ha contratado a Agora Voting por más de 20.000 euros para ayudar con el recuento. Agora Voting es la misma empresa que realizó el recuento de votos en la reciente asamblea de Podemos conocida como Vistalegre 2. Se le han otorgado dos contratos menores de menos de 18.000 euros cada uno, de forma que se le pudiesen otorgar ambos a dedo. Todo ello habrá sido casualidad, sin duda.
Carmena se ha gastado más de un millón de euros en propaganda y en engordar los balances de sus afines. La nueva política era esto.
Finalmente, quisiera destacar el cuanto menos dudoso uso que se ha hecho de los voluntarios del Ayuntamiento de Madrid. Los voluntarios han sido invitados(insistentemente) a participar en todas las fases de la votación, desde las mesas hasta el recuento.
Sin embargo, los voluntarios no están para eso. Su labor es social. Se apuntan en el servicio de voluntariado madrileño para, por ejemplo, atender a personas sin hogar o para acompañar a personas enfermas y a sus familiares en los hospitales. No están para apoyar campañas de propaganda.
Muchos voluntarios han sentido que se les embarcaba en una campaña política y se les privaba de hacer aquello para lo que de verdad se habían apuntado. Su lugar estaba en un hospital junto a un enfermo y no en una mesa de votación.
Pero claro, resulta que –oh sorpresa– el servicio de voluntariado del Ayuntamiento depende orgánicamente del mismo delegado responsable de la consulta, Pablo Soto. Éste ha puesto al servicio de su consulta todos los recursos de los que pudiese disponer, voluntarios incluidos.
Recuerdo, para terminar, un dato más: Pablo Soto es también el responsable de la protección de datos en el Ayuntamiento de Madrid.
Percival Manglano, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid