El año pasado acudí a una recepción ofrecida por la embajada de un país que celebraba su fiesta nacional. Al cabo de un rato noté la mirada clavada de una señora. Tras varias miradas seguidas, la señora me abordó junto a su esposo mientras yo me aprovisionaba de uno de los refrescos aguados y sin burbujas que abundan en este tipo de recepciones.
La señora era una profesora de secundaria y estaba muy enfadada con la Comunidad de Madrid. Para asegurar el cumplimiento del objetivo del déficit en 2012, habíamos comenzado a tramitar una ley de modificación del presupuesto que incluía una reducción de los salarios de los trabajadores autonómicos (esta medida se vio finalmente sustituida por la iniciativa del Gobierno central de suspender la paga extra de Navidad de los empleados públicos). El marido de la señora era profesor de universidad, con lo que la bajada de salarios les iba a afectar a los dos.
Estuvimos hablando unos 20 minutos. Su tono crispado inicial se fue calmando y, pasadas las acusaciones de que nos estábamos "cargando la educación pública en Madrid", apareció lo que de verdad preocupaba al matrimonio: la continuidad de sus tres hijas en el Liceo Francés.
Sería muy injusto criticar la aparente incoherencia de que dos empleados de la educación pública protesten ante la posibilidad de no poder llevar a sus hijas a una escuela privada. Este matrimonio quería, como todo el mundo, lo mejor para sus hijas. En función de ello, había decidido inscribirlos en el colegio que mejores oportunidades pensaban les iban a dar. Nada de reprobable hay en ello. Al revés. Es digno de elogio que la pareja hiciese un importante esfuerzo económico por el bien de sus hijas. Sólo espero que éstas se lo reconozcan.
Las críticas del PSOE y de IU al hecho de que el Rey vaya a operarse en una clínica privada me hicieron recordar esta anécdota. Porque, ¿quiénes son los demás para juzgar dónde quiera uno educar a sus hijos u operarse? Si el Rey y su equipo médico deciden que el lugar idóneo para su operación de cadera es una clínica privada, no están haciendo nada que no hagan cientos de miles de españoles cada año (entre ellos, sin duda, muchos empleados públicos y afiliados a partidos de izquierda).
Según el diario El Economista, los centros sanitarios privados superaron en número a los públicos en 2012. Los 477 centros privados en toda España ofrecen 53.350 camas, y en 2009 registraron más de 1,3 millones de altas, ayudando a descongestionar el sistema público. El grupo de hospitales privados más importante de España, por cierto, es la Orden de San Juan de Dios.
Nadie pone en duda la calidad de la sanidad pública madrileña, la cual, por ejemplo, ha atendido magníficamente bien a Cristina Cifuentes, pese a la intolerancia de algunos trabajadores de La Paz. Lo indignante es que Rubalcaba se permita decir algo como: "Si yo hubiera sido el Rey, habría elegido un hospital público". Es decir, Rubalcaba afea al Rey el haber elegido la opción que eligen tantos otros españoles (él mismo entre ellos) y desliza que el Rey debería estar al servicio de los prejuicios ideológicos de los partidos de izquierda.
En cualquier caso, lo más importante en este momento es desearle al Rey que la operación sea un éxito y que se recupere pronto y bien.