Según las convenciones utópico-revolucionarias del siglo XIX, tan extendidas en el XX, la raíz de las desigualdades e injusticias sociales estaba en la propiedad privada, tutelada mediante el aparato de violencia del estado, auxiliada por las supercherías y falsos consuelos de la religión, destinados a mantener sumisos a los oprimidos, y perpetuada mediante la familia, órgano privilegiado de transmisión de las ideas y la moral que hacían posible tal estado de cosas.
La sangrienta experiencia del siglo XX ha llevado a los utópicos a mostrar alguna cautela en cuanto a la liquidación del estado y la propiedad privada, o a la transformación del estado en acaparador de la propiedad. La mayoría de ellos siguen yendo por los mismos caminos, pero los transitan con menos seguridad, y son mucho menores las masas seducibles por tales remedios.
Lo que apenas ha variado es la oposición a la religión y a la familia, ante las cuales la inquina progre actúa reacciona como un reflejo condicionado. Quizá ya no se trata de abolir, al menos en plazo previsible, la propiedad privada, fuente de la explotación del hombre, pero está clarísimo que la religión se opone de lleno a la ciencia y al progreso, y que la familia cristiana o burguesa genera opresión y alienación.
A lo largo de la historia y en las diversas culturas ha habido y hay varios tipos de familias, pero quizá sea la cultura cristiana la única que admite en exclusiva la familia monogámica (aunque con muchas desviaciones en la práctica) y a la mujer como compañera y no sierva (ídem). Y contra esta familia se dirigen, precisamente, los dardos de la progresía. Durante años la táctica predilecta para destruirla consistió en el “amor libre”. Para el cristianismo el amor sexual debía encauzarse dentro del matrimonio –cosa no siempre fácil– y manifestarse en la fidelidad conyugal indisoluble –menos fácil todavía–; para los utópicos, el impulso sexual debía carecer de las ataduras de la fidelidad u otras, la relación funcionaría “mientras durase el amor”, y, por supuesto, se rechazaban las bendiciones, firmas y papeles burocráticos que certificasen y “encadenasen” esa relación.
La primera experiencia soviética de tales liberaciones resultó poco convincente, y el régimen proletario terminó promoviendo unas normas no muy alejadas de las cristianas, salvo que éstas se basan en una concepción trascendente de la vida humana, y las soviéticas en el más vulgar interés del estado, a quien perjudicaba tanto desmadre.
Pero en Occidente la cosa ha evolucionado de otro modo: se trata de propiciar todas las actitudes conducentes a socavar y desprestigiar el matrimonio. El divorcio, por ejemplo, es un mal necesario y el estado debe reconocerlo, pero se ha predicado como un bien, y su expansión como un símbolo de progreso. Recientemente hemos oído criticar la hipocresía de quienes “se oponían al divorcio y son ahora los que más se divorcian” (la mayoría de los fracasos familiares y “de pareja” se da en los ámbitos progres). Tampoco hay mucho de qué alegrarse en los hijos fuera del matrimonio, pero se habla de la expansión de ellos como una prueba más de “modernidad”. En cambio se ha pasado de condenar el papeleo burocrático como negación de la libertad, a procurarlo con entusiasmo, equiparando cualquier clase de relación sexual más o menos estable al matrimonio, con el único fin de desprestigiar éste. La última hazaña al respecto la ha realizado el pueril y malintencionado presidente actual. El matrimonio entre homosexuales es una contradicción, la inmensa mayoría de ellos nunca ha pensado siquiera en tal cosa, insulta al sentido común y ofende gratuitamente la sensibilidad y convicciones de millones de personas. Revela una vez más la despótica y poco inteligente demagogia de un gobierno de “loquinarios”, como lo llamaría Azaña.
