Permítanme resaltar una faceta poco tratada del caso Solzhenitsin en España. Recuerden la lluvia de insultos caída sobre él desde casi todos los ámbitos de la izquierda (esa izquierda con tantísimos negrines y tan pocos besteiros) y algunos de la derecha, por el delito de decir cuatro verdades incómodas: "paranoico", "chorizo" (¡quiénes iban a hablar!), "mentiroso" (íd.), "espantajo", "mendigo desvergonzado", "bandido", "mercenario", "hipócrita", y así una serie muy larga y pesada. Todo ello, repito, por haber señalado el ruso unos hechos irrefutables.

Los ingenuos esperan que los embusteros se callen ante las evidencias puestas ante sus narices, pero la experiencia demuestra lo contrario: imposibilitados para argumentar, recurren a la injuria y el ataque personal. También suelen afirmar los ingenuos que "nadie se cree unos insultos vacíos", y los injuriantes "se desacreditan ellos solos". Nada más lejos de la realidad. Un sector del público disfruta con tales baladronadas. Otro, mucho más amplio e ignorante del fondo del asunto, se siente impresionado por la pose de dignidad herida, el gesto de moralidad ofendida con que acompañan los embusteros sus gritos provocadores ("alguna razón tendrán", piensan). Y muchos más, intimidados, prefieren callarse y dejar abandonada a la víctima. De este modo la razón queda frecuentemente anulada.

De aquella campaña contra el escritor ruso nació en España la actual cultura del insulto. España debe de ser uno de los países donde más se insulta y, como corresponde a una sociedad echada a perder de largo tiempo por la trola, el choriceo y el puterío, no se trata, mayoritariamente, de insultos justificados, ingeniosos, demostrativos o argumentados, sino calumniosos y chulescos. Los han sufrido personajes tan variados como Ricardo de la Cierva o Ruiz Mateos, que recurrieron a los tribunales en vano. Según dictamen de aquellos jueces, la libertad de expresión estaba por encima de la reclamación de los ofendidos. Esto creó un precedente de impunidad, y la izquierda y los separatistas no han cesado de explotarlo a fondo, empezando por Mienmano. A Solzhenitsin le daba igual, claro, pero quienes vivían en España debían soportar la injusticia. Los chulos, además, sabían bien que con raras excepciones su prepotencia asustaba a la derecha, bastándoles tildarla de "facha", "franquista", "casposa", para verla meterse debajo de la mesa o procurar congraciarse con quienes la agraviaban.

He dicho insultos injustificados, pero ¿acaso los hay justificables? Por supuesto. No lo es llamar ladrón a una persona honrada, pero sí a quien roba. O, con un ejemplo del otro día en el blog, es injustificable (mucho peor que injustificable) llamar sindicato del crimen al grupo de periodistas que defendían la democracia contra las fechorías del felipismo; en cambio devolver el insulto a los calumniadores está muy en su punto. Algunos insultos coronan de forma ineludible una argumentación, y otros, los injustificables sustituyen a esta. En el caso de Solzhenitsin, el denuesto encubría la falta de argumento, y esa táctica ha distinguido, salvo excepciones, a la izquierda.

Nadie ha padecido más injurias injustificadas que Jiménez Losantos, pero él siempre ha preferido replicar en el terreno de la libertad de expresión y no en el judicial; y no solo por los precedentes sino porque puede contestar, y lo hace, con insultos bien argumentados y a menudo ingeniosos, y por ello más demoledores. Entonces sus enemigos, los enterradores de Montesquieu aliados con la derecha rajoyesca, han recurrido a la ley, envileciéndola una vez más, para acallar su voz libre. Pocas cosas han sufrido un proceso de erosión más rápido y dañino que la justicia en un país donde la constitución y la democracia son pisoteadas a diario. En principio, Losantos puede volver el arma legal contra sus furiosos enemigos, pero la justicia en España está como está, es decir, como acaba de demostrar el Tribunal de Estrasburgo en relación con el caso Gómez de Liaño.

El respeto es un bien económico: si usted lo manifiesta a los sinvergüenzas dejará de tenerlo a las personas honradas; si usted lo dedica a los asesinos, con diálogos y similares, lo apartará del Estado de derecho. El insulto argumentado y fundado es necesario en la democracia. Y no hagan mucho caso de los beaturrones y fariseos, tan abundantes, que fingen no distinguir y dicen condenar los insultos "vengan de donde vengan". Esos desvergonzados no entienden la democracia y son siempre los primeros en dejar solas a las verdaderas víctimas frente a los matones.