La ruptura de la Constitución

Lo ocurrido en el Congreso el 3 de noviembre ha sido ni más ni menos que la ruptura de la Constitución y, por tanto, del amplísimo consenso que ésta tuvo detrás y seguramente sigue teniendo. Es una ruptura fundamental, y caeríamos en una frivolidad suicida si nos negáramos a ver su alcance. Cierto que, por flaqueza de los gobiernos en la aplicación de la ley, la Constitución, y con ella la democracia, apenas ha regido en las Vascongadas, y sólo algo más en Cataluña. Pero tal situación, aunque dolorosa y cargada de peligro, podía considerarse llevadera en tanto no se extendiera al resto del país. La admisión en el Parlamento de un proyecto de estatuto indudablemente anticonstitucional marca la generalización del clima prevaleciente en aquellas dos regiones, arrojando muy oscuras sombras sobre el porvenir de España. Siempre en estrecha relación con el terrorismo

 

La izquierda –no digamos los separatistas– vuelve a la tradición resentida por Azaña: “Lo que me ha dado un hachazo terrible, en lo más profundo de mi intimidad, es, con motivo de la guerra, haber descubierto la falta de solidaridad nacional. A muy pocos nos importa la idea nacional. Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario: se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado”. Si Azaña hubiera tenido un mínimo sentido autocrítico, habría notado que la idea nacional no podía calar, debido a la imagen profundamente negativa de España y su historia que las izquierdas, y él mismo, habían difundido sin tregua. Hoy estamos en las mismas.

 

Cabría extenderse sobre el increíble cinismo con que los autores de esta fechoría histórica pretenden adormecer a la opinión pública, afirmando que no pasa nada, que no hay peligro ni debe crearse “alarmismo”, ni mucho menos “sembrar odio”, que la democracia es así, etc. Pero tampoco es hora de lamentaciones. Son los de siempre, los corruptos enterradores de Montesquieu ávidos de dinero público, antifranquistas de después de Franco y pesebristas por cuestión de principios. Y también acertó a describirlos Azaña: “Una política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta”. El botín de estos amigachos es ya la propia España.

 

Se ha escrito que el país vuelve a quedar dividido en dos, porque más del cuarenta por ciento de los diputados, la parte más sana de las Cortes, votó contra la tropelía. En realidad ese Parlamento no representa la sociedad, pues sin duda la proporción de españoles partidarios de la Constitución y, por tanto opuestos al estatuto, suma una gran mayoría. Y a esa mayoría hay que recurrir urgentemente, explicándole cómo la ley que permite la convivencia en paz y libertad está siendo hundida, mediante actos consumados e intrigas, por los “jugadores de la política”, como los llamaba Zugazagoitia, por los demagogos dedicados a “envenenar la conciencia” del pueblo, en expresión de Besteiro.

 

¿Quién ha de contrarrestar a los demagogos? Hace poco Rajoy habló de movilizar a los cientos de miles de afiliados de su partido para explicar la situación a la opinión pública. Si tantas personas realizasen una campaña explicativa, bien orientada y organizada, neutralizarían las argucias de los faltos de una idea nacional, como decía Azaña, y su predominio en los medios de masas. Incluso la décima parte de esos afiliados, movilizada en serio, podría llegar al país entero y clarificar la actual atmósfera de confusión.