Uno de los grandes errores de la transición fue la llamada "solución política" a la ETA, es decir, la solución por medio de negociaciones, lo que implica concesiones sustanciales. Idea que atacaba al estado de derecho, pues convertía el asesinato en un modo rentable de hacer política, convertía a la ETA, precisamente, en una potencia política a cuyo nivel se ponía el propio Estado y, al mostrar la debilidad de este, estimulaba la estrategia de los terroristas. A veces, en la historia, ha sido necesario llegar a pactos semejantes, cuando el enemigo era una verdadera potencia y no había otra solución, pero la ETA nunca fue un problema de tal envergadura en España. La causa real de la "solución política", impulsada desde Prisa, el socialismo, el nacionalismo vasco y aceptada por la UCD, era la simpatía de fondo hacia la ETA por parte de aquellos grupos que se proclamaban antifranquistas o deseaban hacer olvidar su pasado franquista. Pues compartían con la ETA ese antifranquismo visceral, habían apoyado de mil modos al terrorismo nacionalista vasco desde que este empezó a matar en 1968, y sentían hacia los asesinos una mezcla de admiración –porque estos se atrevían a hacer lo que ellos no osaban– y esperanza de recoger los frutos políticos de su trabajo sucio. Cualquiera que conserve la memoria recordará todo esto, que en un próximo libro sobre la transición detallo. Durante el franquismo todos ellos habían colaborado con la ETA, como mínimo en el plano propagandístico, continuación del cual era la "solución política".

Fue Aznar, y más aún Mayor Oreja, quien emprendió la única vía acorde con el estado de derecho y la potencia real de los terroristas: la vía policial, que los otros veían como subordinada a la política (aunque no faltaron al PP algunos movimientos en falso). Y la acción consecuente en esa dirección casi desmanteló a la ETA, de modo que en el último año de Aznar, el grupo terrorista fracasó en todos sus intentos de asesinato.

Podemos admitir que, hasta entonces, la negociación-colaboración con los terroristas se debió en parte a un error de análisis e ignorancia de la historia (una terrible carencia de nuestros políticos), aun si subtendido por la mencionada afinidad ideológica inconfesada, pero muy real, basada en un antifranquismo que nunca fue democrático. Ahora bien, tras la exitosa demostración de Aznar ya no había ningún equívoco ni error posible. La negociación, diálogo, proceso de paz o como se le quisiera llamar, era lisa y llanamente colaboración.

Rodríguez heredó una posición excelente para rematar la labor de Aznar, pero optó por lo contrario: por intensificar la colaboración con los asesinos a extremos nunca vistos. Así, les hizo concesiones ya completamente innecesarias: legalidad, dinero, proyección internacional, silenciamiento de las víctimas, estatuto de estado asociado cuyo modelo sería el catalán (recuérdese a Rodríguez: "aceptaré lo que el Parlament decida", concediéndole la soberanía de hecho), confusión intencionada con el caso de Irlanda, disminución de la presión policial a niveles simbólicos, hasta el chivatazo famoso, etc. A cambio, la ETA solo tenía que dejar las pistolas, unas pistolas que, Rodríguez lo sabía, ya no estaba en condiciones de utilizar demasiado, después de los golpes de Aznar-Mayor Oreja. Con ello, Rodríguez, hombre algo perturbado y megalómano, quedaría como el gran "pacificador" y muy posiblemente recibiría el premio Nobel (creo que la perturbación mental del presidente resulta palpable en numerosas anécdotas, como su pregunta a su madre agonizante, o en su compulsiva tendencia a mentir, y es un factor no desdeñable de su política).

Sólo que la ETA interpretó aquellas concesiones como un signo de debilidad que le animó a ir "a por todo", y rompió momentáneamente el "diálogo". El Gobierno recordó a los terroristas (muy infiltrados desde tiempos de Aznar) su difícil posición mediante numerosas detenciones, sin interrumpir por ello los contactos. Y no debe olvidarse que esas detenciones, en la perspectiva del "acuerdo de paz", son solo provisionales. La gran esperanza electoral de Rodríguez, en plena crisis económica, es llegar a ese acuerdo, que le beneficiaría tanto como a los asesinos. A costa, claro está, de arruinar el estado de derecho, la Constitución y de avanzar en la balcanización de España.