Si hay libre competencia, el consumidor se sabe defender. Son los monopolios creados por los gobiernos los verdaderos enemigos del consumidor. Pero a menudo se denuncia que las leyes dictadas para proteger al consumidor son letra muerta debido a la ineptitud de los gobiernos y la pasividad de la sociedad incapaz de “responder colectivamente”. Los dirigentes sociales exigen al gobierno controlar la seguridad, calidad y condiciones de comercialización de productos y servicios en el mercado, y combatir los incrementos abusivos de precios, la especulación y bajos salarios.
La imagen de total desamparo del consumidor que dan las leyes y los grupos pro-derechos del consumidor no se compadecen con los principios de la economía libre. Para la ley, el consumidor está indefenso ante los abusos de empresarios, los aumentos de precios y productos defectuosos. Además, los comerciantes se aprovechan del hecho que los consumidores no son racionales en sus compras ni eligen de modo informado y consciente.
En la economía libre, sin embargo, el consumidor no está indefenso. Por el contrario, es el soberano: “El cliente siempre tiene razón”. Las grandes empresas por más poderosas que sean deben servir a sus clientes si pretenden prosperar. Sólo a través del buen servicio al consumidor pueden los productores incrementar sus ganancias y crecer. Para mantener el favor de sus clientes tendrán que brindarles el mejor producto o servicio a menor precio que la competencia.
Algunos comerciantes venden productos defectuosos, prestan malos servicios o utilizan una escasez temporal para alzar los precios desmedidamente. Para castigarlos no es necesario que el gobierno intervenga. En el mercado, los empresarios que engañan, ofrecen un bien caro o de mala calidad muy pronto pierden la clientela. Y si persisten en el engaño fatalmente van a la quiebra. En cambio, cuando el gobierno interviene para “proteger” al consumidor, a menudo termina en realidad perjudicándolo.
El Ministerio de Salud, por ejemplo, crea una falsa seguridad en los consumidores al “aprobar” un medicamento. Si no existiera ese procedimiento, los consumidores buscarían información de fuentes confiables y los laboratorios se cuidarían de no ofrecer medicamentos que posteriormente pueden causarles demandas. Del mismo modo, el control de precios del gobierno, en lugar de beneficiar al consumidor produce escasez del producto controlado.
Los que se quejan de la “pasividad” de la sociedad están errados. En cada decisión de los consumidores de comprar o no comprar se premia o castiga a los comerciantes. Sólo los que mejor sirven a la sociedad brindando el mejor producto al menor precio aumentan sus ingresos y utilidades. El resto es penalizado, incurriendo en pérdidas.
En la economía libre, los consumidores no utilizan la acción política para lograr sus objetivos porque el mercado es mucho más eficaz. Además, la acción política puede resultar en la promoción de la burocracia, favoritismo, corrupción e injusticias, como la coerción por parte del gobierno a determinados sectores, en beneficio de otros con mayor fuerza política.
Bajo el estatismo los soberanos no son los consumidores sino los políticos. Y la acción política es inevitable dado que los distintos grupos de presión exigen al gobierno subsidios y privilegios en detrimento de los demás. En las empresas estatales, por ejemplo, los sindicatos reclaman aumento de sueldos sin importar que los mismos originen el incremento de las tarifas que paga toda la población. Lo mismo hacen los maestros y otros funcionarios del sector público.
