La ausencia de propiedad

Lo que mantiene a los pobres latinoamericanos en la pobreza es la falta de derechos de propiedad. Para los estatistas que desprecian el derecho de propiedad y promueven la expropiación, esto es inconcebible. ¿Cómo podría frenar el progreso una expropiación que sólo afecta a unos pocos grandes terratenientes? Es sencillo. Sin derechos de propiedad sólidos, un estado de derecho no puede sostenerse y sin estado de derecho no existe posibilidad alguna de avanzar a la prosperidad.

 

Los políticos, legisladores y clérigos que propugnan la expropiación de propiedades de personas o empresas con el fin de repartirlas entre la población, sinceramente creen que de ese modo pueden traer algún progreso a los más pobres. No ven otro daño que el perjuicio a un rico hacendado o una empresa adinerada. En cambio, la distribución de las tierras expropiadas, suponen, favorecerá a muchos campesinos sin tierras. Olvidan que las reformas agrarias repartieron millones de hectáreas sin mejorar un ápice la condición de los pobres. El reparto sólo creó grandes haciendas para gobernantes, militares y funcionarios.

 

La expropiación, además de no ayudar a los pobres, perjudica al país. Los populistas no ven que todos los que piensan invertir, sea en agricultura, industrias o servicios observan las decisiones del gobierno sobre expropiación. Ningún inversionista pondrá sus ahorros en un país si teme la expropiación de sus activos por gobiernos populistas, incluyendo la confiscación por el sistema tributario y las regulaciones. Los inversionistas saben que la falta de protección a la propiedad junto a la corrupción e informalidad son los principales riesgos del país.

 

Los elementos que tienen mayor influencia en el progreso de las naciones son la seguridad de los derechos de propiedad y la credibilidad de los gobiernos. Sin estos no puede haber crecimiento económico porque no se realizan actividades socialmente productivas. El problema es simple: el desarrollo requiere del crecimiento y el crecimiento precisa de inversiones. Pero nadie invierte donde existen riesgos de expropiación.

 

Para ayudar a los pobres lo que se necesita es darles derechos de propiedad seguros, no expropiar y repartir. Los estatistas que subestiman esto no han aprendido nada.

 

El gobierno debe darles títulos de propiedad a quienes carecen de ellos. Ya Aristóteles enseñaba que no hay propiedad si no se puede disponer de la misma. Y si a los pobres no se les da derechos de propiedad sobre sus viviendas, lo que se reparte es miseria y opresión. Los campesinos pasan a depender de los políticos para subsistir, todo lo contrario a una sociedad libre y democrática.

 

Los pobres en el campo y en las ciudades que no tienen derechos de propiedad sobre sus bienes no pueden acceder al crédito y utilizar sus propiedades como garantía de esos créditos, ni organizar pequeñas empresas, ni aprovechar la productividad de la especialización y de la división del trabajo, hacer contratos o planificar para el largo plazo. Para preservar sus posesiones deben pagar sobornos o protección a delincuentes, policías deshonestos, políticos, jueces y funcionarios corruptos. Peor aún, sin derechos de propiedad no pueden valorar la responsabilidad y la libertad individual, el respeto a la propiedad ajena, o interesarse en sus comunidades como ciudadanos responsables.

 

Lo mejor que podemos hacer para salvar a los pobres es fortalecer el estado de derecho, el gobierno de las leyes. Ello requiere otorgar derechos de propiedad adjudicando títulos a los que poseen bienes, asegurar el respeto irrestricto a la propiedad, agilizar y abaratar la legalización de las empresas y crear el marco legal para una economía libre y abierta, donde los pobres no sean expoliados para beneficio de grupos de privilegio protegidos por el gobierno.