En Brasil, país donde la energía se consideraba infinita por sus inmensos recursos naturales inexplorados, se obligará a la población a partir del próximo 1º de junio a reducir drásticamente el consumo de electricidad, o a vivir largas horas a obscuras todas las noches. Por la aguda escasez de energía, el gobierno decidió aplicar un racionamiento de guerra que puede arrastrar al país a la recesión. El racionamiento de energía previsto hasta el mes de noviembre, aunque durará posiblemente hasta el 2004, no sólo traerá serios inconvenientes a los brasileños, sino que también afectará la producción y el empleo, mermará la recaudación tributaria, reducirá la inversión extranjera y frenará la economía.
El estatismo que durante años dificultó y atrasó la desregulación del sector de energía, supuestamente para proteger a los usuarios, fracasó estrepitosamente. Al parecer, ni el presidente Fernando Henrique Cardoso ni sus ministros conocían la dimensión de la crisis. Ahora el gobierno trata de justificar el desabastecimiento por la falta de lluvias, la mayor sequía desde 1934, que afectó la generación basada 90% en centrales hidroeléctricas. Pero los embalses de las mismas tampoco se mantuvieron en un nivel que permitiera al sistema enfrentar una crisis, pues, en lugar de almacenar el agua previendo una sequía, se la utilizó para suministrar la demanda no cubierta por la construcción de nuevas centrales.
La generación no fue paralela a la demanda del mercado (con un crecimiento anual del 5%) por varios motivos. El gobierno se demoró en definir los precios del gas natural importado de Bolivia, incertidumbre que frenó la instalación de un gran número de centrales térmicas. La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) retrasó la privatización del sector eléctrico y el 80% de la generación aún está en manos del gobierno. Pero el problema fundamental radica en el malogrado marco regulador eléctrico, que no creó los incentivos adecuados ni ofreció las garantías que precisaban los inversores para construir nuevas centrales. Inclusive, este año la ANEEL trató de dar en concesión 49 centrales térmicas, pero sólo consiguió viabilizar unas 15.
La escasez de energía traerá un inmenso perjuicio a la población. Cada usuario tendrá que reducir su consumo entre 20% a 40% para evitar multas y cortes de energía. Disminuirá la calidad del servicio prestado por las distribuidoras y las industrias postergarán sus planes de inversión. Se ha estimado que el PIB podría caer en 1,5%, ocasionando la pérdida de un millón de empleos, la caída de la productividad y el aumento de los costos de producción. El fisco perderá 3.000 millones de dólares en impuestos y aumentará el déficit fiscal.
La solución del gobierno es el racionamiento y los apagones. Para ello realiza una campaña nacional que busca convencer a los usuarios a cambiar sus hábitos y reducir su consumo, sin recurrir al aumento de tarifas. La campaña será un fracaso, pues la tarifa subsidiada mantiene a los usuarios aislados de la realidad de los costos de la energía.
La escasez y el racionamiento terminarán recién cuando se liberen los precios y la demanda se ajuste a la oferta. Esta es la sencilla y eficaz solución del mercado. Las tarifas deben reflejar el valor real de la energía: barata cuando sobra y cara cuando falta. Un aumento de tarifas fomenta el ahorro de electricidad y advierte a los inversores sobre la urgencia de construir nuevas centrales para obtener buenas utilidades. El aumento de tarifas resulta traumático, pero no se compara ni remotamente con los efectos nefastos del racionamiento y la amenaza de cortes sobre la economía nacional.
© AIPE
Porfirio Cristaldo Ayala es corresponsal en Asunción, Paraguay, de la agencia de prensa AIPE.
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