En Cataluña, los grupos independentistas Junts Pel Sí y CUP acaban de presentar en su Parlamento una propuesta de resolución en la que instan a ese Parlamento y al Gobierno de esa comunidad a incumplir la Constitución y la ley y a crear sus propias estructuras de Estado, para lo que eufemísticamente llaman desconectarse de España.
Esta propuesta es una fase más del proceso narcisista en el que están inmersos parte de los dirigentes políticos y de la sociedad catalana desde hace varios años. Un proceso de narcisismo que ha buscado en lo español la culpa de todos sus males y que ahora trata de tensar la situación al máximo mediante un órdago político que llevaría a la secesión por la vía de los hechos, saltándose la ley y en contra de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.
Estos procesos sociales narcisistas, con sus momentos de histeria colectiva, en los que se pierde el sentido de la realidad y se crean mundos paralelos, han tenido a lo largo de la historia graves consecuencias, a veces verdaderas tragedias, para los países y las sociedades que los han sufrido. Se trata, por tanto, de un reto que, no por esperado, pues no han hecho más que cumplir un plan en el que llevan años trabajando, es menos peligroso para el conjunto de los españoles. Es, sin duda, el principal problema del país.
El acierto para afrontarlo exige primero hacer un diagnóstico claro que no nos lleve a engaño por más tiempo. No estamos ante un camelo, un deseo de sacar un euro más en la financiación autonómica, o ante la voluntad de tapar uno de los múltiples casos de robo de Convergència. Estamos, como ya he dicho, afrontando un proceso secesionista en el que unos actores unidos, sin importarles las consecuencias, están dispuestos a romper el orden constitucional y declarar unilateralmente la secesión de Cataluña, lo que tendría graves consecuencias de división social en Cataluña, y políticas, económicas y sociales en toda España.
Ante ese diagnóstico, el Gobierno y los partidos que están dispuestos a defender la ley, el interés de los españoles y a evitar una posible tragedia en el país deben actuar conjuntamente, acordando la respuesta y sacándola de la polémica partidista.
Para ello es imprescindible impulsar la vía política que muestre ante la opinión pública la unidad de todos los demócratas. El presidente del Gobierno deberá llamar a todos los líderes de los principales partidos del país con representación en sus instituciones, sin excluir a nadie, y convocar una reunión formal en la que se acuerde sacar del debate partidista este trascendente asunto, con más razón ahora que están convocadas elecciones y la lógica disputa electoral sólo puede favorecer a los secesionistas.
En esa reunión, deberá llegarse a un gran acuerdo para la defensa del orden constitucional, la aplicación de todas las medidas legales, incluidas las penales, que haya que adoptar, el impulso de las resoluciones necesarias en la Diputación Permanente del Congreso y en el Senado que demuestren que no hay vacío de poder en España y la determinación de los hechos que justifiquen iniciar, conforme al artículo 155 de la Constitución, el proceso de suspensión de la autonomía en Cataluña.
Por otra parte, de oficio el Gobierno deberá instar al fiscal general del Estado para que estudie la posibilidad de ejercer la acción penal por un delito de sedición y otros contra quienes han presentado esa iniciativa y contra quienes por actos posteriores, como la admisión a trámite por la Mesa del Parlamento catalán, la apoyen. Asimismo, deberá recurrir ante el Tribunal Constitucional -también los grupos parlamentarios del Parlamento catalán no independentistas cuando legalmente tengan acción- las decisiones de ese Parlamento que amparen el proceso secesionista. Y tendrá que colaborar con ese tribunal para garantizar que sus resoluciones se cumplen en Cataluña, como el resto del ordenamiento jurídico español vigente.
Merece la pena recordar estas palabras de Lincoln sobre su obligación como presidente de todos los estadounidenses:
En tus manos, mis compatriotas insatisfechos, y no en las mías, es la cuestión transcendental de la guerra civil. El Gobierno no os asaltará. No podéis tener ningún conflicto, sin ser vosotros mismos los agresores. No tenéis registrado ningún juramento en el cielo para destruir el Gobierno, mientras que yo tendré el más solemne para preservarlo, protegerlo y defenderlo.
Es tiempo de grandeza, en el que los máximos responsables del Estado actúen con responsabilidad para "preservar, proteger y defender" el orden constitucional, la unidad y a los españoles frente a quienes quieren la división y la injusticia. Empecemos por un gran acuerdo y mostremos al mundo que desde la ley y con la política se puede parar la locura y el riesgo de tragedia. A ello.