Una de las reivindicaciones de la Puerta del Sol es la falta de conexión entre nuestros representantes políticos y la ciudadanía. Y este punto creo que es ampliamente asumido por la mayor parte de la sociedad, el problema es que la solución no es fácil. Los partidos políticos, aun cuando son criticados por ser más centros de reparto de poder que una fábrica de ideas, son el mejor cauce que tiene la democracia para realizarse como tal. Pero a partir de ahí su sistema de funcionamiento debe ser democrático: siendo la base los simpatizantes, para posteriormente subir a sus militantes, cargos del partido –si pocos, mejor– y electos. Aquí se encuentra uno de sus principales problemas: si bien el control debería realizarse por los militantes, es, por el contrario, la cúspide del partido la que maneja sus hilos, lo que de por sí impide situaciones tan democráticas como el recambio –sea de personas o de política– cuando la situación lo requiere.
Pero lo que ayudaría realmente a que los partidos políticos volvieran a ser fabricas de ideas –lo que no deben dejar de ser– es nuestra estructura electoral, en donde el sistema proporcional ha demostrado sus limitaciones; producto de la existencia de unas listas cerradas en las que los electores deben votar en unos comicios que, si no finalizan con victoria del partido político más votado por mayoría absoluta, pueden dar lugar a que segundos, terceros o incluso cuartos partidos políticos puedan llegar a acuerdos postelectorales para desbancar a la primera fuerza política. Y esos acuerdos no van a ser casi nunca producto de una unión de ideas, sino más bien de intereses con tal de conseguir beneficios para los cuadros de las formaciones que se coaligan con la idea de desbancar a la más votada.
En este caso, creo que lo más correcto sería que fueran los electores los que decidieran sobre estos acuerdos, y nada hay mejor para ello que el sistema mayoritario, con circunscripciones electorales más pequeñas en donde el elegible lo sería el candidato que obtuviera o bien la mayoría absoluta en la primera vuelta o bien posteriormente fuera el más votado en una segunda vuelta, con lo cual los acuerdos postelectorales darían paso a una situación mucho más democrática: que fueran los electores los que rubricaran con su voto esos acuerdos entre los candidatos que se presentan a la segunda vuelta y aquellos otros que no pasan el corte de la primera.
Esto, que debiera producirse con una reforma no sólo de la legislación electoral sino de la propia Constitución, haría que los candidatos, todos, fueran realmente elegidos por el pueblo y no producto de unas listas electorales en donde se vota al cabeza de lista pero se desconoce en muchos casos quiénes son sus acompañantes. Y lo que es peor: se desconoce el alcance de los acuerdos postelectorales.