La violencia doméstica, la violencia que se produce dentro del ámbito familiar requiere no sólo de respuestas penales, también de respuestas sociales y de apoyo a sus víctimas. Además, estas víctimas no sólo son mujeres, sino que pueden ser también niños o incluso personas mayores. Y, por qué no, también hombres.
Dicho esto, el problema práctico con el que se presentan las mujeres cuando denuncian estas situaciones es que la medida de alejamiento que se impone al agresor en los Juzgado de Guardia, en la práctica, puede incumplirse en cualquier momento. Es muy raro que con la denuncia se imponga una pena de prisión, salvo que las lesiones y el peligro consiguiente sean de tal gravedad que hagan necesaria –irremediablemente– esta medida. Pero lo lógico es que la mujer salga de los juzgados con una orden de alejamiento y con unos teléfonos de ayuda. Y si la situación es muy grave, podrá optar a casas de acogida.
Pero, como es natural, no estamos tan sólo ante un problema jurídico. Y el problema está de plena actualidad, con una conciencia social que obliga a responder ante estas situaciones, algo que anteriormente no ocurría. De hecho, actualmente esta mayor concienciación social hace que el delito de maltrato doméstico tenga, desde 1995, su regulación específica en el Código Penal; la cual ha sido modificada posteriormente, en 1999. Está previsto que vuelva a ser modificada una vez más, para evitar que diferentes maltratos puedan ser entendidos como faltas y no como delitos.
Así, en la actualidad existe una policía especializada para estas cuestiones, unos fiscales con instrucciones precisas sobre la persecución de estos hechos delictivos e incluso muchos Colegios de Abogados tienen turnos específicos de abogados dedicados a esta materia. Pero en la práctica, sigue habiendo problemas; entre ellos que el maltrato doméstico suele estar unido a un proceso de separación. Esto provoca un absurdo: el ámbito penal resuelve la cuestión relativa al maltrato, mientras que el Juzgado de Familia, de lo civil, resuelve sobre la separación planteada, con lo que en algunas ocasiones se solapan sus funciones e incluso se provocan actuaciones innecesarias. Una reforma procesal que se ha pedido muy frecuentemente en este ámbito es la unificación del proceso penal producto del maltrato ocasionado y el del proceso de separación, materia civil en este caso. En la práctica, los plazos y actuaciones del procedimiento civil hacen que el riesgo de maltrato se incremente.
Todo ello sin contar con otro problema que los profesionales que se dedican a esta materia no dejan de manifestar. En numerosas ocasiones, las mujeres que sufren de estos maltratos se retractan de sus denuncias iniciales, y en el momento del juicio oral no admiten la existencia de estos maltratos, que achacan, generalmente, a caídas en el baño o en la cocina. O incluso antes de celebrarse el juicio oral intentan retirar la denuncia que previamente han realizado. Todo ello implica que en el día del juicio todo queda en manos de los informes médicos y de la mayor o menor creencia en las declaraciones contradictorias de la mujer.
Pero este último problema no tiene otra solución que las propias maltratadas se armen de valor y, al mismo tiempo, sientan el respaldo de las distintas administraciones implicadas en el problema, ofreciendo una solución que vaya más allá del plano jurídico. Porque lo que hay que destacar es que cualquier respuesta penal proviene de un fracaso social, y más en supuestos como estos, por lo que la respuesta judicial que se dé será siempre insatisfactoria. Lo máximo que se puede conseguir es una reducción del daño que ocasionan estas situaciones, más psicológico que físico, pero este problema es, al mismo tiempo que jurídico, un problema de relaciones dentro de la familia y, concretamente, de familias desestructuradas, en donde la idea de igualdad y de respeto mutuo entre la pareja es inexistente.
Y esto nos lleva al problema principal de la violencia doméstica: si ahora se encuentra limitado exclusivamente a la relación hombre-mujer o los maltratos desatados frente a los niños, se vislumbra un incremento de los maltratos a mayores e incluso de los hijos frente a sus madres; un problema que, a juicio de los expertos, irá acrecentándose en los próximos años. Día a día se ve más clara la necesidad de unos valores que hagan que la sociedad pueda enfrentarse a unos problemas que han pasado de lo privado, de lo familiar, a lo público.
Por supuesto que no todo es negativo. Hay hechos que demuestran que, día a día, se producen éxitos en la lucha contra el maltrato doméstico. Si hace unos años se hablaba de un plazo de 15 años de agresiones para dar pie a la primera denuncia, ahora este plazo se ha reducido a 5 años. Por supuesto que este plazo todavía debe reducirse más, pero se partía de una situación de oscurantismo total que no ha ayudado en nada la resolución de este problema, que se entendía más como un problema interno dentro del ámbito familiar que como un problema social.
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